- La implementación de la política de austeridad debe basarse en diagnósticos y criterios puntuales para cumplir con sus objetivos.
- La reducción de plantilla laboral, por ejemplo, requiere un diagnóstico organizacional que permita identificar necesidades específicas en materia de recursos humanos.
Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) promovidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podrían traer costos en términos de eficiencia y eficacia gubernamental si no se corrigen las posibles distorsiones derivadas de su implementación, señala una investigación realizada por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado “El alcance de los objetivos de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, elaborado por las investigadoras Perla Carolina Gris Legorreta y Susana Ramírez Hernández, explica que las reformas a esta ley publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, se caracterizaron por perseguir tres propósitos principales: la adopción del valor de austeridad en el quehacer público, la reducción de la corrupción y la centralización de funciones.
Las investigadoras sostienen que las decisiones complementarias en materia de austeridad pueden afectar el proceso de adaptación de las organizaciones públicas a estas nuevas condiciones, en las que algunas dependencias o entidades tendrán nuevas funciones o donde deberán asumir la coordinación de actividades que, en el pasado, eran competencia de otra organización.
En ese sentido, el texto advierte que los cambios administrativos no deben perder de vista la necesidad de cumplir a cabalidad con la generación de bienes y servicios públicos, aspecto que puede verse comprometido a partir de decisiones sobre realizar recortes presupuestarios que parecieran arbitrarias .
La investigación sostiene que la implementación de la austeridad se debe acompañar de un diagnóstico claro de la situación de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), lo que permitiría garantizar el funcionamiento de estas e imprimir una mayor legitimidad política a estas medidas.
La reducción de la plantilla laboral, por ejemplo, pareciera ser una medida cuya instrumentación se plantea como homogénea, sin que exista un diagnóstico organizacional que permita identificar las necesidades particulares en materia de recursos humanos que se requieren para el cumplimiento óptimo de las funciones encomendadas a cada dependencia o entidad, se lee en el estudio.
Por otro lado, el documento del IBD señala que también es importante reflexionar sobre las decisiones relacionadas con la ampliación o modificación de atribuciones entre las dependencias y entidades de la APF, cuya implementación tiene un componente político inherente que puede afectar los resultados.
La eficacia en el combate a la corrupción, por su parte, recaerá en la capacidad que tengan las instituciones públicas para mejorar sus procesos y para reducir la discrecionalidad de las decisiones, así como en su complementariedad con las acciones promovidas desde el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), apuntan las investigadoras.
La investigación completa del IBD se encuentra disponible en la siguiente dirección: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4572
