{audio}2012/boletines/oct/2012-10-31/0413.mp3{/audio}
La Comisión de Energía analizará una propuesta del senador Benjamín Robles Montoya para citar a comparecer al director general de Petróleos Mexicanos, a fin de que explique la subcontratación de 26 representantes patronales o de capital e indique cuáles son las empresas beneficiadas, así como el destino del dinero que se les adeuda a esos trabajadores.
De igual manera, el legislador perredista pidió a la Auditoria Superior de la Federación que investigue los “convenios específicos” celebrados por Pemex con diversas empresas e instituciones educativas, particularmente el que está registrado con el número 420400803.
Explicó que la paraestatal contrató bajo el esquema de outsourcing a 26 representantes patronales o de capital para desempeñar funciones en las juntas especiales pertenecientes a Conciliación y Arbitraje que se ubican en el Distrito Federal y en otros estados de la República.
Según el contrato No. 420400803 esos empleados llevarían a cabo “servicios de apoyo técnico administrativo especializado en la planeación, organización y control para optimizar el desarrollo de los proyectos de Pemex Exploración y Producción”.
Para el senador esta “situación se torna realmente sospechosa y grave en vista de que estos trabajadores no han recibido sueldo alguno desde hace más de nueves meses, es decir, no se les ha pagado en lo que va del año y el monto total de los salarios adeudados asciende a más de 5 millones de pesos”.
Refirió que son varias las empresas que han operado como intermediarias de ese convenio entre las que se encuentran la Compañía Mexicana de Exploración y Quality Laboral Services, las cuales “sin explicación alguna dejaron de prestar el servicio dando lugar a una tercera: Grupo Planex”.
Mencionó que el último pago que los trabajadores afectados recibieron “no provino de una empresa, sino de un particular como lo clarifica el pago recibido de HSBC, por orden de Carlos Antonio Pizano Zandoval”.
Sin embargo, destacó que las circunstancias se vuelven aún más “obscuras”, pues como parte beneficiada de ese contrato aparece también la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que funge como intermediaria de Pemex Exploración y Producción.
Informó que esa universidad firmó en febrero de 2010 el mismo convenio por un monto de 51 millones 643 mil 127 pesos, pero en diciembre del mismo año fue modificado para ampliar el pago a 80 millones 709 mil 172 pesos.
Ante este panorama, Robles Montoya consideró que el hecho de que Pemex subcontrate servicios con particulares para pagar a trabajadores que claramente desempeñan labores para la paraestatal es “por decir lo menos, una arbitrariedad, pues el dinero de estos trabajadores está siendo retenido ilegalmente”.
De igual manera, el que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco aparezca como beneficiaria por más de 80 millones de pesos del mismo convenio específico, “sólo ahonda las sospechas”.
Por ello, estimó necesario que Pemex explique y aclare el manejo de esos recursos, ya que puede ser indició de una conducta fraudulenta.
--ooOOoo--
