Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-2057 

  • Endurecer prisión preventiva, respuesta a la preocupación social: Eduardo Ramírez
  • Alerta Osorio Chong sobre la supuesta capacitación en la Guardia Nacional

El senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, asegura que la reciente reforma constitucional sobre prisión preventiva oficiosa, que aumentó el catálogo de delitos punibles, fue una respuesta a la preocupación social que consideraba al Sistema de Justicia Penal Acusatorio como una puerta giratoria, sin un castigo adecuado a los presuntos delincuentes.

 

Habló al inició del Foro “El Sistema de Justicia Penal en México: ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos?”, que organiza el Instituto Belisario Domínguez y busca recoger las propuestas de expertos sobre el tema, a fin de mejorar la aplicación de la justicia en México. Ahí destacó la importancia de este encuentro pues sus conclusiones servirán para crear la próxima agenda legislativa.

 

El senador por Morena dijo que a casi 11 años de implementar ese nuevo sistema, México ha evolucionado para erradicar vicios y dar mayor prontitud en la aplicación de la justicia. Sin embargo, aún existe preocupación social en que este sistema protege al delincuente y no a la víctima, situación que no se podía ignorar.

 

El senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez, al inaugurar el Foro, puso en duda la supuesta capacitación de elementos de la Guardia Nacional sobre los protocolos de trabajo del Sistema Penal, aplicada en sólo 2 semanas.

 

Dijo que durante su gestión al frente de la Secretaría de Gobernación y como responsable de las fuerzas de seguridad del país, se invirtieron alrededor de 20 mil millones de pesos en la implementación del Sistema y se tardaron casi cuatro años para que a nivel nacional, 450 mil policías pudieran operar los protocolos del trabajo.

En ese sentido, considero como muy grave haber cancelado los recursos para la capacitación en este año, que prácticamente quedaron en cero, lo cual también anula la posibilidad de avance sobre el particular.

 

Por su parte, el senador Dante Delgado Ranauro, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, propuso a los todos los Grupos Parlamentarios alcanzar los instrumentos jurídicos que permitan al país regresar a la legitimidad, pues por ahora, la Guardia Nacional, destinada a esa tarea, sólo se ha utilizado como un instrumento de comunicación política. Además negó que se pueda resolver el problema de inseguridad sin un marco legal adecuado.

 

Para el senador Damián Zepeda, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, aumentar las penas carcelarias no es la solución al problema que atravesamos. Insistió en crear mejores condiciones dentro del sistema jurídico entre el papel del Ministerio Público y la Defensoría de Oficio, la cual debe recibir condiciones de independencia para ejercer su labor.

 

Señaló que en este momento, la defensoría depende jerárquicamente del Poder Judicial, lo cual convierte al Gobierno en juez y parte de los procesos penales.

 

A su vez, la senadora Nancy de la Sierra, del Partido del Trabajo, resaltó que con las reformas constitucionales en materia de justicia penal del 2011, donde los derechos humanos son el eje rector, México logró un gran avance como nación, al hacer la transición de un sistema penal inquisitivo a uno acusatorio.

 

“La reforma ha elevado significativamente la claridad de los jueces al emitir sus sentencias; ha permitido impartir justicia pronta y expedita, asíì como asegurar una presentación justa de las pruebas”, destacó.

 

Al evento también asistieron los presidentes de los tribunales Superiores de Justicia de Guerrero y Chihuahua; la licenciada Paulina Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación. Otros participantes fueron exfuncionarios, como María de los Ángeles Fromow y Renato Sales Heredia, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

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