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La Cámara de Senadores dio un plazo de 15 días naturales a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía para que den a conocer la postura oficial del Ejecutivo sobre el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA), las razones por las cuáles decidió suscribirlo y los términos en que lo hizo.
El pleno aprobó seis preguntas parlamentarias dirigidas a ambas dependencias, con el propósito de que expliquen los pormenores de la firma de dicho convenio, a través del embajador de México en Japón, el pasado 11 de julio.
Los senadores solicitaron información sobre las reservas que el Ejecutivo pretende introducir al ACTA, previo a su envío al Senado de la República, con el fin de asegurar el pleno respeto a las garantías individuales, específicamente a la libertad de expresión y la salvaguarda de la privacidad de los ciudadanos y las organizaciones en nuestro país.
Además, cuestionaron por qué la Cámara de Senadores no ha sido informada oficialmente de la firma del Acuerdo por parte del Ejecutivo y cuándo será remitido el documento para su análisis y, en su caso, ratificación.
Según el acuerdo de la Junta de Coordinación Política avalado en la sesión de este martes, las respuestas de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía se harán del conocimiento de la asamblea, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y en la página de Internet y se remitirán a los grupos parlamentarios para el análisis correspondiente.
El plazo para que las autoridades requeridas den contestación, se agrega, “es de 15 días naturales a partir de su recepción, en términos de lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 93 constitucional”.
Al fundamentar la propuesta, la senadora priista Ana Lilia Herrera Anzaldo recordó que el ACTA es un tratado multilateral que busca establecer un marco legal efectivo para la observancia de los derechos de propiedad intelectual y el combate al incremento del comercio de bienes “piratas” y falsificados.
Manifestó que la Cámara de Senadores “tiene derecho a ser informada sobre las negociaciones” del Acuerdo, pero “eso no ha ocurrido”.
Hizo notar que en septiembre de 2011 los senadores concluyeron que en el proceso de la negociación del convenio “se violó la ley sobre la aprobación de tratados en materia económica, dado que sus previsiones no fueron cumplidas con oportunidad y suficiencia por las dependencias participantes”, lo que generó opacidad e impidió darle el adecuado seguimiento.
En la hipótesis de convertirse en derecho vigente --agregó--, algunos preceptos del Acuerdo resultarían contrarios a disposiciones jurídicas del derecho nacional, entre ellas, las garantías individuales contenidas en la Constitución.
Además, enfatizó Ana Lilia Herrera, su implementación vulnera la presunción de inocencia que deber estar presente en todo nuestro sistema jurídico y “podría resultar una limitación a la universalización deseable del acceso a Internet en la sociedad mexicana, ampliando con ello la brecha digital”.
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