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El Senado recibió y turnó a comisiones la minuta que reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental con los cambios a los artículos 8, 9, 23, 77, 80, 85 y Cuarto Transitorio que le hizo la Cámara de Diputados.
Con las modificaciones de la colegisladora, las sesiones del Consejo Nacional de Armonización Contable “se desarrollarán procurando invitar al titular de la Auditoría Superior de la Federación”.
Además, el Consejo tendrá la facultad de analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a consideración el secretario técnico, incluyendo aquellos de asistencia técnica, “así como el otorgamiento de apoyos financieros para los entes públicos estatales y municipales que lo requieran”.
Para lo anterior, “los municipios con menos de 25 mil habitantes, así como aquellos de usos y costumbres accederán a recursos federales durante los plazos para la implementación de la ley, destinados a capacitación y desarrollo técnico, en los términos resultantes del diagnóstico que para tal efecto elabore el Consejo”.
Otra reforma aprobada por los diputados plantea que se incluyan en la cuenta pública la relación de los bienes que componen el patrimonio de los entes públicos, conforme a los formatos “electrónicos” que apruebe el Consejo.
La Cámara revisora también validó un cambio para que las entidades federativas incluyan en los reportes periódicos y en Internet la información “sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas beneficiados con los recursos de los fondos” de ayuda federal para la seguridad pública.
Tratándose de programas sociales, propuso, el Consejo fijará las normas, metodologías y los formatos con la estructura y contenido de la información para armonizar su elaboración y presentación, “a partir de los indicadores que prevé la Ley General de Desarrollo Social y en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social”.
También dispuso que se sancione a los servidores públicos “en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables” cuando se omita la realización de los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la difusión de la información financiera.
Las penas administrativas, se agrega en la minuta, se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes.
Además, el Consejo emitirá las normas y formatos para dar cumplimiento a lo los dispuesto en el Título Quinto de la Ley incluido en el proyecto de decreto “a más tardar el último día hábil del febrero de 2013”.
Las modificaciones al proyecto de decreto enviadas por la Cámara de Diputados se remitieron a las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos, Primera, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.
Cabe señalar que el objetivo general de esta iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo federal el 1 de septiembre de este año, es transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.
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