Número-1859
- El senador Clemente Castañeda plantea reformar el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En los Poderes Judiciales estatales se preservan cotos de poder que impiden avanzar en muchas buenas prácticas, como la transparencia, señaló el senador Clemente Castañeda Hoeflich, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.
Abundó en que es grave que los Poderes Judiciales locales nieguen el carácter de interés público de las sentencias, de manera generalizada. En ese sentido, las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública han llevado a la opacidad en la información y van en contrasentido de las prácticas de transparencia.
Lo anterior debido a que la ley establece que los Poderes Judiciales Federal y de las entidades federativas deben poner a disposición de la ciudadanía las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público.
Sin embargo, dichos órganos que imparten justicia no tienen consenso acerca del concepto de interés público, y en algunos casos, dicha noción se contrapone una de otra. Existe “una absoluta ambigüedad, que se convierte en discrecionalidad, en la interpretación de la ley”, señaló.
Informó que en conjunto con los senadores Verónica Delgadillo García (MC), Patricia Mercado (MC), Xóchitl Gálvez (PAN) y Miguel Ángel Mancera (PRD), presentó una iniciativa para reformar el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La finalidad es establecer que todas las sentencias son de interés público, y por lo tanto debe publicarse el texto íntegro, y derogar la disposición actual. “A más transparencia, menos espacio para la corrupción y el conflicto de interés”, indicó.
Expuso que publicar todas las sentencias garantizaría el acceso a la información y la máxima publicidad; permitiría evaluar y monitorear los procesos judiciales; y coadyuvaría a detectar y combatir prácticas injustas, discriminatorias, sesgos y conflicto de interés en las decisiones judiciales.
También, añadió, permitirá a las personas hacer exigibles sus derechos, al contar con la evidencia de las resoluciones judiciales que les afecten. Actualmente, en el país hay un problema muy grave de conflicto de interés, esparcido en todo el andamiaje institucional. No sólo en el Poder Judicial, comentó, sino también en los gobiernos locales, en las más altas esferas del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
En la semana anterior, la comisión que preside el senador Clemente Castañeda presentó el informe “(In) Justicia abierta. Ranking de opacidad judicial en México”, que señala que los Poderes Judiciales de 18 entidades federativas no tienen la información de cuántas sentencias emitieron en 2017, o refirieron que no es su obligación tener dicha información, o simplemente no respondieron la petición.
En el mismo sentido, los Poderes Judiciales de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Jalisco, Oaxaca, Zacatecas y Nayarit no consideran ninguna sentencia como de interés público. Los de Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán consideran que sólo algunas lo son. Únicamente en San Luis Potosí refirieron que todas las sentencias son de interés público.
Sin embargo, sólo el Poder Judicial de Durango publica todas las sentencias que emite; y únicamente en cinco estados se publicó el mismo número de sentencias que el Poder Judicial consideró de interés público, aunque ello no representa el total de sus sentencias.
El informe concluye que todo el funcionamiento del Poder Judicial en México es un camino abierto a la discriminación, violencia, arbitrariedad, corrupción y abuso de poder, porque nadie fiscaliza que realmente haga su trabajo y garantice el acceso a la justicia a toda la ciudadanía.
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