Número 1842
- Ninguno cumple con su obligación de implementar políticas de transparencia pro-activa.
- El senador Clemente Castañeda presentará una iniciativa para que todas las sentencias sean públicas.
Todos los Poderes Judiciales locales del país están reprobados en justicia abierta, es decir, en transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la impartición de justicia, señala el informe “(In) Justicia abierta, ranking de opacidad judicial en México”, presentado por “Equis justicia para las mujeres” en coordinación con la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.
El texto destaca que en 18 entidades federativas, el Poder Judicial local no reconoce ni registra el número de sentencias emitidas; únicamente el Poder Judicial de Durango publica todas las sentencias que emite; y que ningún Poder Judicial local del país cumple con su obligación de implementar políticas de transparencia pro-activa.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich, presidente de dicha comisión, dijo que es alarmante que los Poderes Judiciales, en ninguna entidad federativa, alcancen 50 por ciento de puntuación general en materia de transparencia sobre las sentencias emitidas, y que de manera generalizada nieguen su carácter de interés público.
Particularmente, se refirió al caso de Jalisco, estado que representa, y señaló que ocupa el lugar 23 del ranking, con sólo 12.5 puntos de cumplimiento de 100. No cuenta con información sobre el número de sentencias emitidas, y no considera ninguna como de interés público. Por lo tanto, no publica ninguna. “Es reprobable el nulo compromiso con la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana del Poder Judicial de Jalisco”, comentó.
Informó que próximamente presentará una iniciativa que plantea reformar el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que todas las sentencias sean públicas, ya que actualmente los Poderes Judiciales sólo publican las que consideran de interés público, disposición que calificó como ambigua.
Es un obstáculo al principio de progresividad del derecho a la información y a la máxima publicidad, ya que deja a criterio de los Poderes Judiciales locales determinar qué es de interés público y qué no, señaló.
Finalmente, calificó como importante que las sentencias sean públicas para evaluar y monitorear los procesos judiciales. Señaló que la reforma que anunció, serviría para detectar y combatir prácticas injustas, discriminatorias, sesgos y conflicto de interés en las decisiones judiciales.
Por su parte, Ana Pacova, directora ejecutiva de Equis, señaló que trabajan en conjunto con el senador Castañeda en la elaboración de la iniciativa para establecer que todas las sentencias son de interés público y, por lo tanto, tienen que hacerse públicas.
Ana Laura Magaloni, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo que el juzgado de primera instancia es el que pacifica los conflictos del 93 por ciento de la población. Sin embargo es la más abandonada y rezagada.
Refirió que mientras la situación continúe así, tendremos una sociedad convulsionada, conflictiva y violenta porque es un cuello de botella. Subrayó que los juzgados locales nunca han estado en la agenda pública ni se ha hecho algo por la construcción de esas instituciones.
Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que el informe revela una resistencia generalizada e institucionalizada de la Judicatura estatal para abrirse a la ciudadanía.
Abundó en que la falta de transparencia y rendición de cuentas ha abonado al descrédito institucional y subrayó que no basta con una política de transparencia y rendición de cuentas. Hace falta una de justicia abierta que garantice transparencia pro-activa, participación ciudadana y colaboración interinstitucional.
Joel Salas, comisionado del Inai, comentó que la opacidad es producto, probablemente, de la falta de capacidades internas que existen al interior del Poder Judicial. “La opacidad obedece a esta posible estrategia, para que la ciudadanía no pueda evaluar, vigilar y controlar la labor del Poder Judicial”.
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