Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 NÚMERO - 1716

 

  • Pretende combatir la corrupción; elimina la carga de supervisores e inspectores que acosan a pequeños y medianos empresarios.
  • Con cambios, fue enviada a la Cámara de Diputados.


Con 106 votos, uno solo en contra y cero abstenciones, el pleno del Senado aprobó en lo general, y en lo particular con cambios (110 votos), el dictamen que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana que establece las bases para instrumentar acciones y programas que las dependencias de la administración pública federal deben poner en práctica para fomentar la confianza ciudadana.

 

Su aplicación estará a cargo de la Secretaría de Economía, a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

 

La nueva ley consta de 16 artículos. Establece que se reconocerá a quienes cumplan con sus obligaciones fiscales de forma voluntaria, brindándoles facilidades administrativas para que realicen sus actividades económicas.

 

Crea el Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, que será gratuito y su inscripción considerada un acto de buena fe.

 

Además, plantea el cese de actividades de verificación a las personas con actividades comerciales y a sus establecimientos, siempre que estén inscritos en el Padrón Único de Fomento a la Confianza.

 

El dictamen destaca que las inspecciones que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en muchos casos dan pie a actos de corrupción de quienes las efectúan, por lo que con esta ley las actividades arriba señaladas tendrán un esquema de regulación y ejecución.

 

Al presentar el dictamen, en nombre de las comisiones unidas de Justicia, Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, detalló que el principal objetivo es fomentar la cultura de la legalidad y del comercio formal, estableciendo las bases e instrumentos legales para generar un nuevo paradigma basado en la confianza a los ciudadanos.

 

Pretende, dijo, combatir la corrupción, la impunidad y la evasión fiscal en el sector empresarial; fomentar la creación de negocios, empleos, y proteger los derechos del consumidor.

 

Al solicitar el voto en favor de su propuesta, el senador Ricardo Monreal Ávila explicó que esta ley va contra los inspectores y no contra los ciudadanos. Son 16 artículos, dijo, que intentan eliminar la carga de supervisores e inspectores que acosan a pequeños y medianos empresarios.

 

En tribuna, Ricardo Monreal enumeró todos los problemas a los que se enfrentan quienes intentan abrir, o tienen un negocio. Constantemente deben sortear los miles de trámites, las inspecciones y las extorsiones de las que son objeto, apuntó.

 

En la propuesta se estipula que todos los que están en Padrón referido en la ley, durante el tiempo que estén inscritos, no serán objeto de clausura o cancelación de actividades económicas a menos que se acredite un riesgo grave a juicio de la autoridad competente.

 

Del Grupo Parlamentario de Morena, Imelda Castro Castro, remarcó que la nueva ley convierte la cultura de la legalidad y la integridad en el eje rector del desarrollo económico. Agregó que se deja atrás el principio de fiscalización arbitraria y se adopta la buena fe hacia el contribuyente.

 

El Gobierno, dijo, da el primer paso para la restauración de la confianza, necesaria para el crecimiento económico del país. Se simplifican trámites a las empresas para que un número mayor de ellas ingrese a la formalidad y se desarrolle la actividad productiva, apuntó.

 

El senador del PAN, Gustavo Madero Muñoz, adelantó su voto en contra por considerar que exenta a algunas actividades de una regulación fundamental. No se resuelve, destacó. Se engaña y se da una idea equivocada de un cambio que en la práctica no va a suceder. Es una buena idea, pero representa más riesgos que beneficios, aseguró.

 

Anunció que vigilará que no se exenten de supervisión y regulación actividades relacionadas con sanidad acuícola, agrícola, pecuaria y pesquera; con seguridad social y con los órganos constitucionalmente autónomos.

 

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, aseguró que la ley fomenta la diferenciación de trato entre contribuyentes, pues quienes se inscriban al Padrón tendrán beneficios que no tendrán los que decidan no hacerlo, lo que es violatorio de la Constitución.

 

Indicó que no se mencionan con claridad los beneficios que otorgará la ley, pero sí habla de sanciones para quienes la incumplan. Es importante que se transite hacia mejores prácticas y que la regulación tenga un sentido de orden social, además de buscar un sentido más profesional para erradicar la corrupción, agregó.

 

En su turno, el senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, dijo estar de acuerdo con el espíritu general de la ley. Sin embargo, no así en las disposiciones específicas, porque “encontramos muchas salvedades”.

 

En su opinión, se deben dar beneficios incluidos en las disposiciones fiscales, pues de lo contrario se vuelve sólo una ley de “buenas intenciones y deseos”, pero en la práctica a un empresario no le servirá, subrayó.

 

Al fijar la postura de Movimiento Ciudadano en contra, el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda subrayó que en México los impuestos se autodeterminan. No hay nada que cambie el esquema del pago de impuestos de buena fe. Lo que sí se saca del dictamen es la materia fiscal y aduanal.

 

No escatimamos la buena intención. Pero, cómo es posible que ya en 2019 sigamos hablando de sorteos y tómbolas. Ahora, cómo en los 80s, va a depender de la suerte. Ya no importa si eres cumplido o malandrín. Ya el gobierno no podrá vigilar y fiscalizar a quien esté en el padrón.

 

El senador Rogelio Israel Zamora, al posicionar por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, destacó que con este proyecto se pretenden eliminar las prácticas de la cultura de la ilegalidad y la corrupción que durante décadas han permeado en el servicio público. Calificó de oportuna la propuesta al considerar que busca una mejor gobernanza a través de la confianza ciudadana.

 

El legislador consideró que otro de los aciertos, es que otorga a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria facultades de coordinación con los tres niveles de gobierno, para celebrar convenios de colaboración que permitan a la población acogerse a los beneficios de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.

 

La senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, señaló, a su vez, que el Grupo Parlamentario del PT acompañará el dictamen. No puede continuar la desvinculación entre ciudadanía y sector público. La sociedad está cansada de la corrupción por el inmenso costo social para México, abundó.

 

Modificaciones a la Ley

 

Tras la discusión de las reservas presentadas por los legisladores, con 110 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama declaró aprobados los artículos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16 y el Tercero transitorio con las modificaciones aceptadas y, el articulo 14 en los términos del dictamen.

 

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana y se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional, agregó.

 

“En virtud de que el dictamen tuvo diversas modificaciones a los artículos del proyecto de decreto, dijo, se realizarán los ajustes de técnica legislativa necesarios, los cuales serán supervisados por la Mesa Directiva y las comisiones dictaminadoras”.

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