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Integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, que presiden los senadores Raúl Cervantes Andrade, del PRI y Pablo Escudero Morales, del PVEM, discutieron las propuestas de redacción del proyecto de reforma en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Al respecto, Cervantes Andrade explicó que en esta primera etapa se analizarán los puntos básicos de las iniciativas presentadas, en donde los grupos parlamentarios tienen convergencia.
Aclaró que posteriormente se revisarán temas en los que aún no hay consenso como el de los sujetos que estarán obligados por ley, la mecánica de designación de los consejeros y si es conveniente o no dejar en sus puestos a los actuales, poner a dos miembros más o que se inicie desde cero en los nombramientos.
El legislador priista anunció que con la reforma que se prepara el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos evolucionará de un órgano de desconcentrado a uno de “otra naturaleza”.
En este sentido, en el borrador se establece que el Estado “contará con un organismo especializado e imparcial responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales”.
Además, “contará con personalidad jurídica y patrimonios propios, así como plena autonomía técnica y de gestión para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna”.
De igual manera, en el documento se indica que el funcionamiento de este organismo se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y máxima publicidad.
Se menciona que el IFAI tendrá competencia sobre asuntos relacionados al acceso a la información pública y protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes de la Unión.
En el proyecto que los legisladores conocieron este martes se deja en claro que el Instituto no podrá conocer aquellos que correspondan a la Suprema Corte de Justica de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros.
También, se propone que pueda conocer los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos especializados de los estados y del Distrito Federal.
Los senadores prevén que las resoluciones del organismo garante san vinculatorias, definitivas e inatacables.
Empero, precisaron, de “manera excepcional” el consejero jurídico del Ejecutivo federal podrá interponer recursos de revisión ante la SCJN cuando exista “la alta probabilidad de daño directo o trascendente a la seguridad nacional, a la estabilidad económica o financiera del país”.
Los legisladores propusieron que puedan ser sujetos a juicio político gobernadores, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, miembros de los consejos de la Judicatura local y organismos autónomos “por el manejo indebido de fondos y recursos federales”.
Otro de los temas que los senadores revisaron fue la autonomía presupuestal, en el que buscan que el organismo tenga la capacidad de plantear su presupuesto en base a sus necesidades y pueda indicar sus mínimos para operar.
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