Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 NÚMERO - 1480

  • Con modificaciones al artículo 35 de la Carta Magna se evitará ese riesgo: Añorve

El Grupo Parlamentario del PRI propuso reformar la Constitución Política para señalar que no serán objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos; los principios de integración de la República y la no reelección; la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, así como la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente (Ejército y Marina).

 

El senador Manuel Añorve Baños, a nombre de sus compañeros legisladores, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el numeral 3o. de la fracción VIII del Artículo 35 constitucional en dicha materia, donde agregaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

 

El legislador guerrerense argumentó que la Carta Magna, en su artículo 40, norma como principio básico que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación.

 

Señaló que plantea implícitamente, en su artículo 83, el principio de la no reelección, donde establece que “el Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de diciembre y durará en él seis años. Quien haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”.

 

El federalismo y la no reelección, señaló, se han constituido como dos pilares fundamentales de la convivencia democrática y de la construcción del México moderno. La democracia participativa es un signo distintivo de los Estados que han alcanzado un alto grado de madurez política, lo cual puede ayudar a legitimar la toma de decisiones a nivel gubernamental y encaminar el impulso del desarrollo nacional, apuntó. Pero pretender reformar estos principios podría generar un retroceso en el avance democrático de nuestro país”.

 

Por ello, dijo, sería conveniente acabar con la simulación de ejercicios que se han realizado fuera de la ley, tal y como se ha presenciado hasta el día de hoy, pues de lo contrario, la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana puede caer en el descrédito y convertirse en un instrumento de manipulación y confrontación entre los mexicanos, advirtió.

 

Afirmó que los ejercicios utilizados en la etapa de transición política resultaron toda una simulación, ya que se ha hecho creer que son los ciudadanos los que deciden sobre los temas puestos a debate en la opinión pública. Sin embargo, se sabe de antemano que la decisión ya está tomada por parte de los organizadores.

 

“Esto nos obliga a perfeccionar los procedimientos de la consulta popular regulada en la Constitución, para que se consolide como un mecanismo que permita lograr salidas satisfactorias e institucionales ante controversias de carácter político, pero jamás, para comprometer el régimen político prevaleciente, producto de la historia que nos da identidad y estabilidad como Nación”, expuso.

 

Por lo tanto, la reforma que plantea quedaría como sigue; “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40; los plazos establecidos en el artículo 83; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta”.

 

La propuesta fue turnada para estudio y dictamen a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Esdudios Legislativos, Segunda.

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