NÚMERO · 1469
- Emitirían un testimonio final con sus observaciones; avisarían sobre irregularidades detectadas.
La senadora Indira de Jesús Rosales San Román propuso que en todas las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras en general que realice el Estado, participen testigos sociales.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN presentó con ese fin un proyecto de decreto para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de las leyes de Obras Públicas y Servicios; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos.
Explicó que los testigos sociales participarán en calidad de observadores en las distintas etapas de los procedimientos de contratación; emitirán un testimonio final que incluya sus observaciones y, en su caso, recomendaciones respecto de la contratación que se trate y, en su caso, avisar de las irregularidades a la Auditoría Interna y a la Unidad de Responsabilidades de la dependencia que se trate.
Antes, expuso que el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios (CompraNet), será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos para las adquisiciones o contratación de las mismas por parte del Estado.
Entre las adecuaciones planteadas, dijo, se establece que deberán participar testigos sociales en las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a tres millones de días de salario mínimo (sic) general vigente en la Ciudad de México. También en aquellos casos, cuando la Secretaría de la Función Pública atienda el impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad.
Deberá ser público el resultado de la investigación de mercado que sirvió como base para su selección y al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones que se hayan obtenido en los 30 días previos y consten en documento en el cual se identifique al proveedor oferente.
Señaló que éstos deberán acreditar al menos tres años de experiencia y cuando menos el cumplimiento de un contrato previo como proveedores o prestadores de servicios de entidades públicas. Sus nombres y datos generales serán públicos.
La propuesta fue turnada para estudio y dictamen a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera
