Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-1411

· Se reformarán diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con ese fin.

La senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros propuso que en ningún caso la federación, los estados o municipios, entregarán de forma directa recursos públicos a las víctimas de la violencia ni a sus familias, para evitar que sean utilizados por estos como contraprestaciones para el pago de refugios y diversos servicios para su protección, tratamientos y seguridad de su integridad física, psicológica, patrimonial, económica y sexual.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN planteó de esa manera diversas reformas y adiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para asegurar que mujeres violentadas y, en caso de tener hijas e hijos, sean atendidos en lugares seguros, gratuitos y con especialidades multidisciplinarias para respetar y garantizar la protección de sus derechos humanos. Propone, además, dotar a estos sitios de recursos para su debido funcionamiento.

México, dijo, padece hace lustros una situación de violencia que afecta sobre todo a las mujeres, que ha hecho necesaria la creación de un marco jurídico y de políticas públicas para enfrentarla.

Señaló que a pesar de los esfuerzos legislativos realizados hasta hoy en esa materia, han sido insuficientes. La violencia contra las mujeres no da tregua. L
acera y vulnera sus derechos más elementales, porque no distingue clases sociales y está presente en todo el territorio nacional.

Expuso que de acuerdo con cifras del Inegi, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento (30.7 millones), ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida; 43.9 por ciento a enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación; y 53.1 por ciento sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja.

Entre 2014 y 2016, agregó, las entidades con las tasas más altas en homicidios de mujeres son: Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Señaló que la falta de financiamiento público a los refugios tendrá como consecuencia que las mujeres no tengan acceso a los medios legales, técnicos, jurídicos y administrativos necesarios para propiciar una vida libre de violencia como lo propone la ley. Esta medida anunciada por el Ejecutivo Federal, dará como resultado que ya no se presten los servicios integrales y multidisciplinarios a las mujeres y sus hijos y que, además, se despida al personal especializado que labora en ellos.

La propuesta fue turnada para estudio y dictamen a las comisiones unidas de Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos.

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