Número-1259
- Funcionarios públicos y líderes religiosos proponen modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público o crear una nueva.
En el Senado de la República se realizó el “Foro interamericano de colaboración y diálogo interreligioso sobre libertad religiosa”, donde senadores, funcionarios públicos, líderes religiosos y representantes de asociaciones civiles reflexionaron sobre la situación que enfrenta la libertad religiosa en México y en diversos países de Latinoamérica.
El debate versó sobre la necesidad de garantizar el ejercicio de dicho derecho, reconocido en la Constitución mexicana. Los participantes valoraron la posibilidad de realizar modificaciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público o elaborar una nueva ley en la materia.
La senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que mientras muchos de los derechos humanos han tenido un desarrollo acelerado y permanente, en México el derecho a la libertad religiosa se ha quedado al margen e incluso ha perdido visibilidad.
Dijo que se deben proponer iniciativas legislativas que ayuden a garantizar el ejercicio libre de la libertad religiosa en México, y que éste vaya acompañado de otros dos derechos de primera generación: la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia.
Recordó que el Congreso de la Unión, en marzo de 2012, aprobó una reforma al artículo 24 constitucional, donde, de manera explícita y por primera vez, se reconoció la libertad de religión como un derecho humano.
El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que se debe incorporar la enseñanza de conceptos como tolerancia y paz en la educación pública, para contribuir a construir un tejido social de paz.
En su turno, Diana Álvarez Maury, subsecretaria para Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, señaló que la libertad religiosa, la igualdad, la inclusión social y la democracia participativa, se consideran elementos fundamentales para edificar una convivencia sana y segura dentro de la cultura de paz y legalidad.
“En este gobierno buscamos un nuevo enfoque y un replanteamiento de las relaciones con las iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas. Debemos proponer y coordinar estrategias de colaboración con todos los grupos para dar seguimiento a mecanismos de consenso y acuerdos que ayuden a la cohesión social, a la prevención social del delito y la reconstrucción del tejido social para una cultura de paz”, planteó.
Afirmó que la libertad religiosa es un derecho humano que el Estado debe garantizar. “Exhorto a todos para que el valor de libertad de creencia religiosa encuentre terreno fértil en nuestra sociedad”.
Jorge Lee, director adjunto de la Dirección de Asuntos Religiosos de Gobernación, dijo que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público está rebasada y debe ser reformada o, incluso, elaborar una nueva legislación.
En el mismo sentido, el arzobispo Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, planteó a los senadores actualizar la ley mencionada, no solamente por la nueva redacción del artículo 24 constitucional, sino también para incorporar el principio pro persona, incluido en el capítulo primero de la Constitución.
Por su parte, Lorena Ríos Cuéllar, directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior de Colombia, aseguró que hoy están sobre la mesa los elementos clave para que la libertad religiosa salga adelante y sea una realidad.
Finalmente, Gregory Michel, académico de la Universidad de Burdeos, Francia, planteó trabajar todos juntos, no sólo para hablar de problemas, sino generar confianza a través del diálogo para entenderse unos con otros y así evitar las diferencias religiosas entre los creyentes del mundo.
“Con ello, podremos establecer relaciones duraderas y prácticas entre ciudadanos de un mismo país, para evitar las diferencias religiosas existentes, y de esa forma todos podremos convivir y salir adelante”, expuso.
