Número-1233
- Continúan las audiencias públicas para analizar el proyecto constitucional.
El fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el estado que guardan los cuerpos policiacos en el ámbito local, fueron los temas que analizaron senadores, el gobernador de Hidalgo, empresarios, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales, en el tercer día de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional.
El senador José Luis Pech Várguez recordó que con este ejercicio de Parlamento Abierto “queremos escuchar e incluir todas las opiniones que contribuyan a mejorar la estrategia” encaminada a reducir la violencia y la impunidad que han bañado de sangre al país y lo ha convertido en un gran cementerio”.
“Urge que actuemos al respecto. Que propongamos soluciones viables y avancemos juntos hacia la pacificación de la Nación. Necesitamos construir algo nuevo, tomando las experiencias que han funcionado en otros horizontes y evitando las fallidas”, expresó el legislador de Morena.
Sobre todo, agregó, necesitamos reconstruir la confianza de la sociedad en sus instituciones de seguridad e impartición de justicia y devolverle al Estado su esencia para darnos seguridad y protegernos de los peligros cotidianos.
A su vez, la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del PVEM, asentó que esta reforma constitucional es uno de los asuntos más trascendentes para nuestra democracia y el proceso de pacificación de México.
El papel que juega el Sistema Nacional de Seguridad Pública en la discusión sobre la Guardia Nacional, agregó, es de vital importancia para entender cómo se articulan y coordinan las distintas instancias en la materia.
Comentó que el SNSP tiene potencial para convertirse en una de las herramientas más exitosas para disminuir la violencia, profesionalizar las políticas públicas en la materia y contribuir a la pacificación de nuestro país.
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, consideró que el gran desafío del Congreso es construir un nuevo cuerpo de seguridad, con la mayor pulcritud legislativa y constitucional, a fin de que “nazca con todo lo que necesita para lograr el respeto irrestricto a los derechos humanos”, el control parlamentario necesario y la capacitación debida.
Destacó que la responsabilidad en esta materia es del Presidente de la República. En ese sentido, expresó, “yo no le escatimaría la posibilidad de apoyarlo en este esfuerzo, para que cumpla una misión que tiene a nivel constitucional”.
El mandatario señaló que los municipios no tienen los suficientes recursos humanos, materiales ni financieros “y han generado cuerpos de policía que no están debidamente capacitados”, que en algunos casos no están debidamente certificados y tampoco pasan los controles de confianza.
Omar Fayad asentó que la Guardia Nacional “no es la panacea” para resolver la inseguridad, sino un elemento en la estrategia del Presidente de la República para apoyar a los estados. ¿Queremos apoyar al Ejecutivo Federal?, se preguntó. Cuando menos mi estado, sí. No tenemos suficientes elementos de seguridad pública, requerimos del respaldo, manifestó.
El Presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito de la Concamin, José Refugio Muñoz López, apoyó la inclusión de robo al autotransporte en el catálogo de delitos graves. La Guardia Nacional atacará este delito y garantizará seguridad, paz pública, y libertad en el país. Estamos en favor de su carácter civil, y que sea un instrumento disciplinado y profesional.
Asimismo, propuso que se trate de una institución de coordinación entre autoridades de seguridad, sin sustituir funciones de otras corporaciones; crear un grupo especializado que atienda el robo al autotransporte; e integrar a las cámaras, organizaciones y asociaciones industriales y de servicios en las coordinaciones generales regionales, entre otros.
Por su parte, Jessica Zarkin, de Construyendo Policías Eficaces, Resilientes y Confiables en México, dijo que las causas del problema de inseguridad pública no son los grupos criminales sino la medida en que las instituciones de seguridad locales regulan su comportamiento. Por ello, es indispensable reformar a las corporaciones policiales locales, para ser eficientes, resilientes y confiables.
Añadió que no debe confundirse seguridad nacional con seguridad interior, ni pública. Las fuerzas armadas son las mejor posicionadas apara enfrentar las amenazas de seguridad interior, pero no para la seguridad pública, por la poca confiabilidad de la sociedad. La Guardia Nacional, dijo, no debe ser vista como la estrategia para solucionar la inseguridad en el país sino como un acompañante la construcción de las policías locales.
María Araceli de Hass, investigadora profesional en temas de seguridad y desarrollo nacional, puntualizó que a quien no le conviene la creación de la Guardia Nacional es al crimen organizado, que tiene suficiente dinero para pagar defensorías jurídicas. Apuntó que tener fuerzas armadas no significa tener un país militarizado. De no intervenir para mitigar la realidad del país, las capacidades de las fuerzas policiales serán rebasadas por la delincuencia de forma permanente y es lo que preocupa, explicó.
La especialista añadió que la Guardia Nacional será una institución incorruptible, que garantizará la seguridad pública con perspectiva de derechos humanos; respetará los protocolos del uso legítimos de la fuerza y el debido proceso. Además, es necesario reintegrar los artículos transitorios del dictamen original para dar certeza jurídica a esta nueva institución, finalizó.
María Elena Morera, presidenta de la organización “Causa Común”, manifestó que pareciera que la decisión de reformar la Constitución para crear la Guardia Nacional ya está tomada. De hecho, la militarización avanza en distintas partes del país mediante la subordinación de policías locales a mandos militares.
Explicó que no se opone a la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, siempre y cuando este sea civil. Que la nueva corporación pueda integrase por policías, con nuevos integrantes, con ex militares. Lo fundamental, dijo, es que opere bajo lineamientos de investigación, inteligencia y proximidad social, propios de una policía eficiente y eficaz.
Que se desarrolle bajo un marco legal civil y con respeto intrínseco con los derechos humanos. “Es lo que corresponde a una República democrática en cualquier parte del mundo”, agregó.
La coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, María Novoa solicito a los legisladores que comprendan el impacto de su decisión y reconsideren el dictamen en discusión. “La Guardia Nacional atenta contra nuestros derechos y estos no se negocian, subrayó.
Consideramos, dijo, que la Guardia Nacional incorpora un nuevo actor a un sistema que, hasta ahora, se ha caracterizado por la falta de coordinación. La actuación de la Guardia podrá iniciar procesos penales en su labor como primer respondiente, lo que implica la estricta coordinación con las demás instancias civiles.
Necesitamos pensar en alternativas que ofrezcan seguridad y paz en el largo plazo. Se debe considerar un esquema gradual de desmilitarización para alcanzar un cuerpo de seguridad estrictamente civil, bajo la supervisión de instancias civiles, abundó.
Lizbeth Rosas Montero, exdiputada federal, afirmó que los estados y municipios no han podido combatir la criminalidad, dadas las condiciones desiguales de desarrollo, falta de experiencia en el manejo de la seguridad, así como la mala planeación, supervisión, evaluación de los programas.
“No se ha estado a la altura de la necesidad de los ciudadanos. Tenemos policías infiltrados en el crimen organizado y constantes violaciones de derechos humanos, que no son privativas de elementos del Ejército”, dijo.
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