Número-1207
- Señala que el decreto de estímulos fiscales del Ejecutivo Federal sólo beneficia a un sector de esa población.
No basta el decreto de estímulos fiscales en la frontera norte, declarado por el Ejecutivo Federal en diciembre de 2018, ya que sólo beneficia a un sector de la población y estará vigente por dos años, señaló Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del PAN.
Dijo que los habitantes de la frontera no deben estar sujetos a decretos temporales ni a plazos a discreción. Si realmente se quiere beneficiar a la mayoría de la población de la frontera, apuntó, se debe reformar la Ley del IVA para reducir el impuesto en la zona fronteriza.
Presentó al Pleno una iniciativa que adiciona un artículo 2 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para establecer que dicho impuesto será calculado a una tasa del 8 por ciento, en relación con los valores establecidos en ella, o cuando las actividades o prestación de bienes y servicios se realicen por los habitantes residentes de la región fronteriza.
El proyecto considera como región fronteriza a los municipios señalados en el Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2018, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país.
El senador recordó que el primero de enero de 2014 entró en vigor el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el cual aumentó del 11 al 16 por ciento la tasa del IVA en la región fronteriza. Ello terminó el trato diferenciado que tuvo la región desde 1978, fecha en la que se aplicó por primera vez la Ley del IVA.
Expuso que el decreto del Ejecutivo Federal reconoce que la frontera con Estados Unidos produce efectos diferenciales entre los contribuyentes que viven en esa región, afecta el bienestar general y encarece la vida de los que la habitan.
Comentó que el decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte propone una tasa reducida al IVA y al Impuesto Sobre la Renta a las empresas y personas físicas con actividad empresarial. Sin embargo, los interesados a acceder a dichos beneficios sólo tuvieron siete días para dar aviso al Servicio de Administración Tributaria, del 30 de enero al 7 de febrero de 2019. El proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados.
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