Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-1159  

  • Se le acusa de delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, delincuencia organizada y malversación de recursos.

La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía General de la República, atraiga las denuncias en contra el exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes.

Refirió que el pasado 24 de enero, el Fiscal General de Justicia del estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, reconoció que la extinta Procuraduría General de la República “declinó competencia” de tres denuncias interpuestas ante esta instancia en contra del exmandatario estatal.

Las querellas, dijo, son por delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias, negociaciones ilícitas, delincuencia organizada y malversación de recursos.

Legisladores, ex legisladores federales y estatales, así como integrantes de la sociedad civil, fueron quienes realizaron las denuncias. Sin embargo, acotó Carmen Bañuelos, al deslindarse la extinta PGR se infiere que esta instancia no quiso realizar su labor: procurar justicia. “Dicho de otra manera, cabe la sospecha de que encubrió y solapó” al zacatecano.

Afirmó que existen fundados indicios en contra de Alonso Reyes, ex colaboradores y familiares por el desvío de 300 millones de pesos mediante 24 empresas fantasmas.

Además, de contratos millonarios al margen de la ley a medios de comunicación y redes sociales, soborno en licitación de obras públicas, adquisición de bienes inmuebles, desvío de recursos públicos, compra de terrenos vía prestanombres, expropiación indebida de predios y otras presuntas irregularidades.

“México exige castigo a todos los actos de corrupción. Particularmente los que provienen desde las esferas del Poder. Existe hartazgo por tanto abuso sin castigo. O hay justicia y condena a la casta de políticos corruptos o seguiremos siendo el país de la impunidad”, expresó Bañuelos de la Torre.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

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