Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-1166

  • Facilita e incentiva las denuncias y establece medidas de protección para servidores públicos y particulares que las realicen.

El senador Clemente Castañeda Hoeflich presentó una iniciativa que busca expedir la Ley General de Protección a Testigos y Personas Denunciantes de Actos de Corrupción, para facilitar e incentivar las denuncias y establecer las medidas de protección a las que tendrían acceso los servidores públicos y particulares que las realicen.

El senador de Movimiento Ciudadano precisó que la propuesta también reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas, busca abonar al andamiaje institucional de combate a la corrupción, para hacerlo mucho más sólido.

“Incentiva la denuncia, protege a los ciudadanos y busca completar un ciclo de reformas para contar con una política integral en esta materia”, explicó

Señaló que las medidas de protección que se proponen incluyen la asistencia legal y el derecho a mantener la confidencialidad de identidad, proteger la integridad personal, la dignidad y los bienes de las personas denunciantes.

En el caso particular de los servidores públicos, dijo, se garantizan sus derechos laborales para no ser sancionados, destituidos o removidos de su empleo; los particulares no podrán ser afectados en caso de que tengan una relación contractual con el gobierno.

Refirió que la iniciativa propone un procedimiento específico, expedito y de fácil acceso para presentar las denuncias y atender las medidas de protección.

La reforma implica fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción, precisó, ya que se faculta al Comité de Participación Ciudadana para elaborar, revisar y evaluar la política de protección a testigos y denunciantes de actos de corrupción.

Asimismo, plantea un modelo para que las entidades federativas homologuen su legislación y prevean los mecanismos adecuados para la protección de testigos de actos de corrupción.


Se establecen las medidas de protección a testigos y personas denunciantes de actos de corrupción para garantizar en todo momento su integridad personal, la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones laborales y contractuales.

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación, de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos.

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