Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-1111

  • La reunión de trabajo, para ampliar información sobre dicha instancia.

La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República citará esta semana a los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a una reunión de trabajo para ampliar información acerca del funcionamiento propuesto para la Guardia Nacional.

 

No obstante, explicó el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión, “no podríamos establecer una fecha” para tal encuentro, porque las actividades de los aludidos relacionadas con el combate al robo de combustible los tiene ocupados. Abundó en que se tienen que empatar agendas.

 

Por otra parte, los integrantes de la Comisión también propusieron realizar el proceso de aprobación en Parlamento Abierto y establecer un cronograma de actividades de la Comisión. Ambos planteamientos fueron rechazados en votación económica.

 

Consideramos que ya agotamos el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, comentó Ramírez Aguilar. Sin embargo, advirtió que el tema requiere un análisis amplio e intercambio de opiniones de todos los Grupos Parlamentarios.

 

Expuso que su partido presentará reservas e intentará rescatar algunos apartados que envió el titular del Ejecutivo Federal. Entre los artículos que reservará están: 13, 16 y 21; los transitorios que plantean que el Ejército capacitará a los elementos de la Guardia Nacional; y, también, que se mantenga el mando civil.

 

“Queremos que se discuta a la brevedad porque el Presidente de la República no tiene las herramientas jurídicas y facultades que requiere este momento tan importante que atraviesa el país”, dijo.

 

El senador Damián Zepeda, del PAN, propuso analizar el proyecto en Parlamento Abierto, a fin de escuchar a quienes implementarán la reforma, a organismos civiles y a instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humando o la Organización de las Naciones Unidas, “y que podamos abrir un debate transparente, de cara a los ciudadanos”.

 

Reconoció que existe una “gran coincidencia” para hacerle frente al problema de inseguridad, pero bajo ninguna circunstancia jamás “estaré a favor de que se militarice permanentemente a este país”. Dijo que el fortalecimiento de las policías, el mando mixto y el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las calles son alternativas viables a la creación de la Guardia Nacional.

 

Por el PRD, el senador Omar Maceda coincidió en que hay alternativas para que no se apruebe la Guardia Nacional como se pretende. Sugirió establecer un mando coordinado para regular la actuación de las fuerzas federales, locales y municipales y garantizar la seguridad pública, así como una regulación del uso de la fuerza.

 

Consideró que si se aprueba la Guardia Nacional con un mando y funcionamiento militar no sólo se corre el riesgo de una violación a los derechos humanos sino, como sugiere la CNDH en el caso de Tlahuelilpan, a la inacción, pues al no tener un protocolo sobre el uso de la fuerza definido, los militares no supieron cómo actuar.

 

Nancy de la Sierra Arámburo, senadora del PT, recordó que la iniciativa ya se discutió en Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, donde se escucharon las posturas de diferentes organizaciones, actores políticos y encargados de la seguridad nacional.

 

Propuso establecer un plazo no mayor a cinco años para que se retire a las Fuerzas Armadas de las calles. Y modificar el plazo que tendrá el Congreso de la Unión para expedir las leyes que reglamenten el uso legítimo de la fuerza y el registro nacional e detenciones, reducirlo de 120 a 60 días.

 

Claudia Ruiz Massieu, del PRI, refirió que no se le puede dar al Gobierno de la República y al Estado mexicano una solución, para atender la coyuntura, que vulnere el Estado constitucional y democrático y el régimen de derechos humanos.

 

Señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expidió, en diciembre pasado, una sentencia que establece los parámetros de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública: debe ser excepcional, extraordinaria, temporal y subsidiaria y complementaria de las tareas que realizan las instituciones civiles, y con un mando civil.

 

Planteó que la Comisión trabaje en Parlamento Abierto y establezca un cronograma de trabajo. Señaló que la Cámara de Diputados realizó un ejercicio de Parlamento Abierto pero no invitó a los senadores a trabajar en conferencia, por lo que el Senado debe realizar lo propio.

 

Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, dijo que las Guardias Nacionales de Italia, Chile y Francia no tienen coincidencias con la que se propone para México. Parten de que las milicias son ciudadanas, refirió.

 

Expuso que una reforma no cambiará el adiestramiento y capacitación que han tenido los militares por años. Dijo que la Guardia Nacional tiene que estar regulada por mecanismos legales, y actualmente no se conoce la ley secundaria, por lo que en caso de aprobarse se estaría dando un “cheque en blanco”.

 

Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, aseveró que su bancada no podría acompañar esta reforma, porque no recoge el sentimiento de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado.

 

Julen Rementería, del PAN, dijo que lo que propone la minuta no tiene grandes diferencias con lo que ha funcionado en el pasado. “Incluso, me parece que empeora la condición de funcionamiento de los cuerpos de seguridad, respecto a garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos”.

 

Señaló que no hay antecedente de que haya funcionado un esquema como el que se propone en ningún país. “¿Por qué, entonces, en México queremos hacer algo que no ha funcionado en ninguna parte?”, preguntó.

 

Cristóbal Arias, de Morena, expuso que las fuerzas políticas que han sido gobierno, fracasaron rotundamente en materia de seguridad y procuración de justicia. Detalló que es necesaria la acción legal para emprender una fuerza que contrarreste la ola de criminalidad que existe en el país.

 

Sylvana Beltrones, del PRI, señaló que no es sensato solicitar un periodo extraordinario cuando aún no existe un acuerdo sobre el dictamen ni se ha votado en Comisiones. “Es más, ni siquiera estamos sesionando con estudios”, aseveró.

 

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