Número-1099
- Destacó la necesidad de una reorganización, actuación transparente, reagrupar fuerzas y combatir la corrupción.
Los integrantes de la Comisión de Justicia interrogaron a Alejandro Gertz Manero, aspirante a ocupar el cargo de Fiscal General de la República, sobre cómo cambiar el paradigma de procuración de justicia en el país, las necesidades de la institución y cómo erradicar la corrupción, además sobre la Guardia Civil.
El integrante de la terna enviada por el Ejecutivo Federal destacó la necesidad de una reorganización en la Fiscalía General, transparencia en su actuación, rescatar de algunas áreas a los agentes para enviarlos a otras tareas, reagrupar fuerzas, combatir la corrupción dentro y fuera de la institución y la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
La senadora Geovanna Bañuelos, del PT, inició la ronda de preguntas al tercer aspirante. Dijo que hay cifras negras de quienes no denuncian delitos porque no tiene confianza de que se integre una investigación seria, se actúe con firmeza y se haga valer la ley.
Preguntó al compareciente qué estrategias implementaría para que la ciudadanía tenga confianza en la Fiscalía General de la República y en el combate a la corrupción. Además, si tendrá autonomía, en caso de ser elegido, ya que actualmente es el encargado de la Procuraduría.
Gertz Manero respondió que debe procurarse que el monopolio de la acción penal se abra a una participación de las víctimas y los ofendidos, ya que en este momento no existe. Añadió que para terminar con la corrupción hay que privilegiar el derecho a defenderse. En cuanto a la autonomía, dijo: ya la traigo grabada, no podría actuar de otra manera. Me negaría a mí mismo.
Miguel Ángel Mancera, del PRD, refirió que la policía de investigación pasó de ocho mil a cuatro mil elementos, y en el presupuesto para este año tuvo una reducción de 218 millones de pesos, a los que sólo 66 millones están etiquetados para investigación.
Cuestionó si con esos elementos, la Fiscalía podrá realizar las investigaciones pendientes y las que se acumulen. Añadió que la propuesta de reforma al artículo 21 constitucional elimina que la investigación que hagan las policías sea bajo mando del Ministerio Público, y le deja sólo la conducción jurídica.
El encargado de la Procuraduría respondió que debe reorganizarse la institución, rescatar a agentes del Ministerio Público y de investigación de otras áreas, para fortalecer las partes sustantivas de la Fiscalía. En cuanto a la Policía Ministerial, dijo, está al servicio de la procuración de justicia. Alertó: hay una confusión entre investigación y prevención del delito, aunque señaló que se debe analizar con cuidado esa modificación.
El senador Damián Zepeda, del PAN, lo interrogó sobre la autonomía e independencia que debe tener la persona que estará al frente de la Fiscalía, y si se pueden garantizar para la institución.
Alejandro Gertz Manero señaló que uno de los retos principales, es ganarnos, como sociedad, el derecho a la autonomía. “Tenemos que demostrar que podemos transitar a la autonomía sin ningún obstáculo”, precisó.
Tengo la convicción, detalló, de que la autonomía es una tarea al servicio público, más no una tarea política. “Tendremos una relación honesta y transparente con la sociedad, porque lo que buscamos es la justicia. Por ello, me comprometo a servir a mi país y a servir a la gente”, abundó.
La senadora Claudia Ruiz Massieu, del PRI, solicitó detalles sobre la transformación en la procuración de justicia, en un régimen de protección y respeto a los derechos humanos. En especial, preguntó, si la figura del arraigo corresponde en un sistema como el que tenemos.
El compareciente dijo que el arraigo es una experiencia procesal que no dio buenos resultados en México, y representa la carencia de elementos. “En nuestro país hubo momentos en que los arraigos eran casi sentencias. Entonces, en esas condiciones lo único que se demostró es que no se tenía la capacidad de investigar”, afirmó.
En su oportunidad, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, indicó que son altas las expectativas de la sociedad para combatir la delincuencia. ¿A cuál área se le daría mayor atención y recursos para lograr que se note un nuevo paradigma contra la impunidad?
El aludido respondió que se trata de un proceso paralelo, donde cada una de las áreas tiene una prioridad fundamental, ya que no se puede dejar en un estado de indefensión a quienes han sido víctimas de un delito federal. Es necesario, dijo, reagrupar las fuerzas, establecer prioridades de trabajo y apoyar a quienes son buenos y experimentados servidores públicos.
Por su parte, la senadora Mónica Fernández, de Morena, manifestó que la sociedad demanda seguridad y reducir la desmedida violencia en varias regiones del país, derivada del crecimiento de la delincuencia organizada.
Las leyes son las que facilitan evadir la justicia, señaló, aunque otros dicen que se debe a la falta de capacitación de jueces y del Ministerio Público, a deficiencias presupuestales o a la corrupción en instituciones. Ante este escenario, cuestionó, ¿cómo construir la nueva institución, tomando en cuenta los problemas estructurales que se conocen?
La delincuencia organizada tiene enfrente a una estructura desorganizada, aseguró Gertz Manero. Por eso es necesario combatir la violencia con una visión integral, que cada involucrado tenga responsabilidades establecidas y se opere con un criterio general compartido. “Aquí debemos estar al servicio de nuestra comunidad, no de nuestros intereses”.
El senador del PVEM, Eduardo Murat Hinojosa, pidió a Gertz Manero su perspectiva respecto de los puntos débiles o los errores cometidos en la procuración de justicia y para combatir la creciente violencia “desmedida” por la que atraviesa el país.
Además, le preguntó su opinión sobre la creación de la Guardia Nacional y si el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, complicará la labor del Fiscal General.
En respuesta, Gertz Manero señaló que la debilidad de la institución y la procuración de justicia se deben a la corrupción. El éxito o fracaso de la Fiscalía estará en la atención a las víctimas, a los ofendidos, en la justicia y en cada factor que compone el fenómeno criminal, sin dejar de lado los derechos que tienen los presuntos responsables.
“La presencia de los militares en las calles sí es una necesidad en estos momentos que no se puede eludir”. Pero se tiene que revisar la forma en la que operará, porque es un tema muy complejo, explicó.
Todas las instancias tienen que hacer un esfuerzo, abundó. Se tiene que trabajar de forma conjunta y encontrar los caminos para ver cómo van a servir a la comunidad, dijo.
Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido, expresó su preocupación sobre “el pacto de impunidad, porque no se investigan unos gobiernos con otros”. ¿Se van a indagar los delitos cometidos en el sexenio de Peña Nieto o de Calderón?, inquirió.
La respuesta fue que cualquier pacto de impunidad sería un “doloroso fracaso de dicha institución y de quien será Fiscal General”. La transparencia en los procesos debe ser de tal manera que representen un cambio sustancial en la vida institucional de México. “Eso ya no cabe” en esta nueva etapa, señaló.
