Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-1052

  • El presidente de la Mesa Directiva, le tomó la protesta de ley.

El Pleno del Senado de la República designó a Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sustitución del Ministro José Ramón Cossío.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, tomó la protesta de ley a González Alcántara Carrancá y le deseó éxito en su encargo.

En segunda votación por cédula, González Alcántara Carrancá recibió 114 votos, de los 124 que emitió la Asamblea, por lo que alcanzó las dos terceras partes de los sufragios emitidos por los senadores presentes, como exige la Constitución para ocupar el cargo.

Batres Guadarrama pidió comunicar esta designación al Presidente de la República y al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de los coordinadores de los grupos parlamentarios y su altura de miras, así como la disposición para llegar a acuerdos y consenso.

El resultado de la primera ronda de votación por cédula no cumplió con el requisito señalado en el artículo 96 de la Constitución, el cual precisa que para la designación del ministro o ministra se debe reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado.

De un total de 124 votos emitidos, 76 fueron en favor de Juan Luis González Alcántara Carrancá, cinco para Loretta Ortíz Ahlf, cero para Celia Maya García y 43 votos en contra de las propuestas.

Previamente, el candidato y candidatas realizaron una exposición ante senadoras y senadores, conforme al resolutivo cuarto del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece el procedimiento para la elección de Ministro de la Suprema Corte.

Así, Juan Luis González Alcántara Carrancá resaltó que la independencia judicial no implica solamente una estructura formal que separe funciones, sino estar dispuestos a convertirse en auténticos guardianes del orden constitucional y tomar en cuenta exigencias y anhelos de  los ciudadanos, a quienes estamos obligados a servir.

La justicia en el siglo XXI sostuvo, exige a la Suprema Corte entender que están en juego cuestiones estructurales que alcanzan a las reglas e instituciones dominantes de los principios que las organizan. La justicia, añadió, es un ingrediente ineludible de la paz. La Corte, a través de sus resoluciones debe contribuir a afianzar la tranquilidad y la paz de la República.

Agregó que la Corte debe consolidar la perspectiva de género en la interpretación y aplicación de los derechos humanos, en políticas y programas de mecanismos nacionales e internacionales en materia de asilo, migración y marginación. Mi visión, dijo, es la de una SCJN humana. En cualquier proceso adoptaré una postura que privilegie la intención protectora y garantista de los derechos fundamentales.

Celia Maya García, por su parte, afirmó que como pilar de la República y expresión del Federalismo, la Corte debe ser la antesala de la reforma del país. El ejercicio imparcial de la Justicia permitirá superar los actuales desafíos de la democracia, enfatizó. 

Apuntó que desde sus inicios, la SCJN es creadora de conceptos jurídicos que desarrollaron las libertades y vocación social, con la fuerza que le confirió la independencia de sus resoluciones y por ello no deben existir feudos, grupos de poder o dependencia hacia otro Poder de la Unión.

En su turno, Loretta Ortíz Ahlf consideró que debe corregirse la falta de paridad en la Suprema Corte, para atender la urgencia de una procuración de justicia con perspectiva de género, y superar el alto índice de delitos y violencia.

Destacó que México tiene alertas de género en municipios de 16 estados y que dos ayuntamientos más ya solicitaron este procedimiento. Existe una tragedia en el país: cada 24 horas mueren siete mujeres por causa de feminicidios y la ONU ha denunciado que sólo 30 por ciento de los casos se investiga y juzga, bajo los protocolos de violencia por género.

Otro gran reto, sostuvo, es garantizar los estándares más altos de los derechos humanos para frenar delitos como desaparición y desplazamiento forzado, secuestro, discriminación, impunidad.

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