Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-937

  • Incluye corrupción, abuso sexual contra menores, delitos electorales y desaparición forzada, entre otros.

Con 91 votos a favor,  18 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Senadores aprobó en lo general modificar el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio.

Se incluyó abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Previo a la discusión y a propuesta de las comisiones dictaminadoras -Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda- el Pleno aprobó incorporar la corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la Seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad o de la salud.

Además, fue modificado el segundo transitorio para que en un lapso de 90 días, siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de la Unión realice adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos correspondientes.

Se agregó un tercero transitorio para que los delitos en materia de corrupción, correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República, del fiscal anticorrupción.

Los senadores añadieron un artículo cuarto transitorio para precisar que la medida será evaluada con objeto de determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del decreto.

Dicha evaluación se realizará conforme los criterios del Sistema Nacional Seguridad Pública y del Sistema Penal Acusatorio, a través de informes del Gobierno Federal, gobiernos estatales, Poder Judicial de los estados, fiscalías o procuradurías correspondientes y organismos de protección de los derechos humanos.

A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador José Antonio Cruz Álvarez Lima dijo que la inclusión de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa responde a una mayoritaria demanda social respecto de la sensación generalizada de injusticia e impunidad, que han generado un perjuicio al tejido social y creado una crisis de seguridad pública.

Defendió la medida, la cual, dijo, no es una acción automática, ilimitada y fuera de las reglas del proceso penal. Está dentro del debido proceso, es una excepción para que el juez determine si se impone dicha medida cautelar. Su duración no puede ser superior a dos años y, si en ese plazo no se dicta sentencia, el inculpado es puesto en libertad.

Por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, justificó la introducción de los delitos en el artículo 19, debido al daño grave que causan a la sociedad y al incremento significativo de la impunidad para castigarlos.

Dijo que lo deseable es la reducción del uso de la medida, como lo han señalado expertos nacionales e internacionales. Sin embargo se requiere de una medida jurídica eficaz para optimizar la procuración de justicia.

Posicionamiento de los grupos parlamentarios

De Morena, la senadora Lucía Trasviña afirmó que introducir estos delitos es “un gran paso” para lograr que la supremacía constitucional prevalezca y sea el criterio para la toma de decisiones de jueces.

Así, se garantizará la paz y tranquilad que reclaman. “Vamos a reconciliarnos con ellos; ellos confían en nosotros y tenemos que ser responsables” de garantizar las herramientas a los impartidores de justicia.

La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, reconoció que la prisión preventiva, como medida cautelar, es un tema polémico en materia de derechos humanos, pues algunas  organizaciones consideran que viola la presunción de inocencia y la libertad personal.

Sin embargo, dijo que no se puede desconocer la grave situación de inseguridad en el país donde los índices de delincuencia incrementan años con año al igual que los de impunidad. Propuso que esta reforma tenga carácter transitorio y sea evaluado a los cinco años para determinar su continuidad. 

Por el PRI, la senadora Sylvana Beltrones dijo que la evidencia demostró que otras medidas de carácter cautelar han sido ineficaces, por lo que esta reforma es la respuesta que el Congreso da a las exigencias de millones de mexicanos que hoy se encuentran en indefensión.

En su opinión, mantiene la presunción de inocencia y el debido proceso. Además, abona a que los tribunales dispongan de instrumentos con certeza jurídica para establecer una medida que realmente proteja a las víctimas. Estamos conscientes que esto no resolverá todo el problema, por lo que debemos ir encaminados al perfeccionamiento de lo ya implementado, precisó.

El senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, afirmó que 100 mil mexicanos están en la cárcel sin recibir alguna sentencia por la prisión preventiva oficiosa.

Consideró que en lugar de ampliar los alcances de esta figura debe eliminarse porque “funciona para no investigar” y se trata de una forma de presión para aceptar los hechos: “es tortura, detención arbitraria y puede resultar en desaparición” de personas.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, la senadora Eunice Renata Romo Molina advirtió que actualmente hay delitos de alto impacto “que gozan de gran impunidad”. No contar con medidas como la prisión preventiva oficiosa, advirtió, provoca que estos ilícitos continúen reiteradamente.

Por ello, dijo, es necesario tipificar como delitos graves prácticas como la corrupción, que le cuesta a México alrededor de 347 mil millones de pesos, equivalente al 2 por ciento del Producto Interno Bruto.

Por el PT, el senador Alejandro González Yáñez aseguró que el problema de México es la impunidad y expresó su respaldo para que la corrupción sea enfrentada en todas sus formas y latitudes. Vamos contra el pillaje de los fondos públicos resaltó, y a enfrentar con decisión a quienes se apoderaron de la administración pública.

Elevar a delito el fraude electoral, llevará a un nuevo desarrollo democrático, señaló. El legislador lamentó que 95 por ciento de los involucrados en alguna actividad ilícita sean jóvenes. Pidió crear políticas públicas para rescatarlos, las cuales, dijo, deben ir en contra del neoliberalismo.

En su posicionamiento, Verónica Camino Farjat dijo que la ampliación del catálogo no es la solución al problema que vive el país. Son necesarios mecanismos de profesionalización de jueces, policías, magistrados, peritos y ministerios públicos. 

La senadora del PVEM indicó que se debe priorizar la prevención social, especialmente entre  los niños.

En tribuna, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa señaló que no se implementa la prisión preventiva, sólo se amplía el catálogo. “Se está precisando en la Constitución lo que ya está en el Código Nacional.”

Los jueces atienden lo que dice la Constitución, por un principio de supremacía y por ello no conceden esta medida cautelar para el robo de hidrocarburos, lo que les permite una puerta giratoria a los delincuentes que cometen este delito, precisó el senador del PRD.

El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza Longoria, aseguró que esta reforma es de carácter “regresivo” y no corresponde con los compromisos hechos para tutelar los derechos humanos. “La prisión preventiva oficiosa es un error. Tendríamos que estar revisando su eliminación, no su incremento”.

Subrayó que el sistema penitenciario está colapsado y los reclusorios representan más a universidades del crimen, que un beneficio para la reinserción social. “A ese modelo, le vamos a dar una recarga, estamos cometiendo un gravísimo error”.

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