Número-932
- Propone senadora del PAN reformas legales para ese fin.
Más de 40 mil niñas, niños y adolescentes huérfanos a causa de algún delito, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con familiares supervivientes de modo regular, y las autoridades implementarán programas, acciones y medidas especiales que garanticen la protección de sus derechos, con el fin de fortalecer la convivencia familiar, sugirió la senadora Josefina Vázquez Mota.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN dio a conocer una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de los artículos 23, 478, 48 y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sobre el particular.
En tribuna, expuso que su propuesta busca incorporar a la legislación respectiva las herramientas jurídicas que contribuyan de manera eficaz a la protección de un sector de personas por su situación temporal de vida y que lamentablemente quedaron en el desamparo total y en mayor grado de vulnerabilidad.
“Me refiero a las niñas, niños y adolescentes en condiciones de orfandad, producto de la violencia alarmante que se vive en el país y de la comisión de delitos de alto impacto, hechos que han ocasionado la muerte de cientos de hombres y mujeres, padres de familia, y que han dejado en el desamparo a más de 40 mil menores”, argumentó.
Recordó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce y consagra el derecho a la paz. Este derecho que se ha convertido para todos los mexicanos en un anhelo y al que esperamos ver materializado en un tiempo próximo.
Señaló que la paz no es sólo la ausencia de guerra. Las entidades públicas y privadas deben dedicarse a la consecución de la paz, vista como derecho humano fundamental que origina la cultura de la paz, donde cualquier sociedad esté libre de violencia, conflicto y permita la realización de los factores más idóneos para el desarrollo, entre ellos, el derecho a vivir en familia.
De acuerdo con una investigación intitulada “Niños”, declaró que la violencia en México tiene múltiples implicaciones para la sociedad y, específicamente para el desarrollo y el bienestar de las y los niños. Ha erosionado, por ejemplo, la capacidad de los adultos para cuidarles, alimentarles y protegerles.
Expuso que muchas de las 28 mil personas asesinadas desde que inició la guerra contra las drogas, eran padres y madres de familia. Si bien es cierto que ni el gobierno mexicano ni las organizaciones no gubernamentales que llevan un recuento del número de niños y niñas que han perdido a uno o ambos padres por causa de ese problema, se estima que son decenas de miles.
La propuesta fue turnada para estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y la de Estudios Legislativos.
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