Número-827
- Las sanciones para particulares que incurran en corrupción aplicarán tanto a la persona moral, como a sus socios y representantes.
La senadora del Grupo Parlamentario de Morena Olga Sánchez Cordero propuso reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que contemplan la eliminación de las cinco salas especializadas en combate a la corrupción de dicho Tribunal y, por ende, de los 15 magistrados anticorrupción.
La legisladora explicó que el Congreso de la Unión incurrió en un exceso al aprobar la creación de estas salas, sin que estuvieran consideradas en la Constitución.
Señaló que debe corregirse el exceso en el que se incurrió en otro momento político con respecto al número de magistrados a designar en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en apego al principio de austeridad presupuestal solicito sean modificadas las disposiciones normativas correspondientes, señaló.
Detalló que el Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en mayo de 2015, sólo preveía la creación de una “Tercera Sección del Tribunal” para sancionar las faltas administrativas graves en materia de corrupción, cometidas por servidores públicos o particulares.
El sistema no puede integrarse bajo un falso paradigma, ya que las salas especializadas simplemente carecen de sustento constitucional, recalcó.
Sánchez Cordero recordó que desde el 25 de abril del 2017, el Presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado la lista de aspirantes para ocupar tres magistraturas de la Sala Superior y 15 de las salas especializadas. Aclaró que no se logró avanzar en el análisis de las mismas, por lo que planteó frenar este proceso para realizar una reforma de fondo.
En la propuesta de la senadora de Morena se proponen también cambios a la Ley de Responsabilidades Administrativas que refieren que, en el caso de los particulares que incurran en faltas graves de corrupción, las sanciones aplicarán tanto a la persona moral, como a sus socios y representantes.
El castigo se extenderá hasta los familiares en cuarto grado o cualquier tercero con quien tenga vinculación y que se haya visto beneficiado de la falta.
Adicionalmente, plantea que los responsables de esas acciones no sólo serán sometidos al pago de multas sino de indemnizaciones.
Finca a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos federales, precisó.
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