Número-711
- La Comisión de Estudios Legislativos lo aprobó; en la Comisión de Justicia hubo empate. El Reglamento obliga a debatirlo en el Pleno.
Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos discutieron el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
En votación económica, la Comisión de Estudios Legislativos aprobó el dictamen presentado, con cinco a favor, tres en contra y una abstención. En la de Justicia hubo empate en la votación siete a favor, siete en contra y cero abstenciones; se volvió a votar y el empate se mantuvo.
El Reglamento del Senado de la República establece que en esos casos debe abrirse una ronda más de participaciones, sin embargo ya no hubo discusión. Así, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para que lo someta al Pleno.
En la discusión en lo general, la senadora Claudia Anaya, del PRI, dijo que su voto sería en contra del dictamen porque el Fiscal no tendrá autonomía si el Presidente de la República tiene la facultad de nombrarlo; tampoco los fiscales especializados, si el fiscal general los designa.
Además, se pronunció por no desaparecer la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, así como por precisar los límites de la participación ciudadana en la Fiscalía. En ambos casos dejó en claro que no estén presentes en los órganos técnicos.
Guadalupe Murguía, senadora del PAN, también señaló que votaría en contra del dictamen, porque se necesita una reforma constitucional para que la Fiscalía General tenga autonomía, y no es suficiente con una ley secundaria.
Abundó que su Grupo Parlamentario ya propuso una reforma al artículo 102 constitucional para que entre los requisitos para desempeñarse como titular, el candidato no haya ocupado un cargo público seis años antes de su elección.
El senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, insistió en que es necesaria una reforma constitucional para lograr la independencia de la Fiscalía. Añadió que persisten problemas de redacción y ortografía en el dictamen; que no se pide experiencia para ser fiscal, como sí se hizo para elegir al titular del Servicio de Administración Tributaria.
Refirió que la elaboración del Plan de Persecución Penal debe ser facultad del Senado de la República, como se propuso inicialmente, y no del Fiscal General como se plantea en el dictamen. “No hay independencia Técnica ni administrativa” en el proyecto, censuró.
Cruz Pérez, senador por Morena, se pronunció en favor del dictamen por la “urgencia” de procurador de justicia en el país, ya que actualmente no hay un titular de la Procuraduría General de la República.
Añadió que la facultad que tiene el Presidente de la República para remover al Fiscal General se le confiere en la Constitución, por lo que no hay razón para modificarla.
La senadora Claudia Ruiz Massieu, del PRI, expuso que en el dictamen no hay una evaluación de impacto presupuestal; falta trabajo de armonización y vinculación con otras leyes; y que el Plan de Persecución Penal se le confiere a la Secretaría de Seguridad Pública que se crearía con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Dijo que el Senado de la República debe participar en la designación del Fiscal por mayoría calificada del Consejo Ciudadano de la Fiscalía y del coordinador general, “que en realidad es un vicefiscal”.
El senador Juan Zepeda, del PRD, señaló que su Grupo Parlamentario no puede acompañar esta propuesta por como está planteada. Debe quitarse al Presidente de la República la facultad de remover al Fiscal.
Explicó que su bancada propuso una reforma al artículo 102 constitucional, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que proponga al Senado de la República una terna para elegir al Fiscal General.
Damián Zepeda, senador del PAN, refirió que el dictamen no garantiza la independencia y autonomía de la Fiscalía General ni de los fiscales especializados, porque también estarán subordinados.
Abundó en que es necesario hacer una revisión de los artículos 76, 89, 102 y 116 de la Constitución para lograr que la Fiscalía tenga autonomía.
El senador Manuel Añorve, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, dijo que la independencia presupuestal debe estar plasmada en el dictamen; y señaló que las facultades y límites del coordinador general no son claros.
También, expresó, el proyecto debe poner un candado en el dictamen al coordinador general, para que no participe en la elección de un nuevo fiscal.
Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano, dijo que su voto sería en contra del dictamen porque ni el Fiscal General o los fiscales especializados podrían investigar al Presidente de la República si depende de él su remoción.
Añadió que el documento no precisa requisitos de idoneidad para elegir a los fiscales. Explicó que se debe crear una Fiscalía con miras a 20 años, y no actuar con prisa en la aprobación de este dictamen.
El senador Emilio Álvarez Icaza advirtió que si no se entra a la reforma del artículo 102 “vamos a perder una oportunidad histórica vital”. Es fundamental, agregó, que el nuevo tiempo de transición democrática tenga en su contenido sustantivo el cambio al aparato de justicia.
Si este Senado se equivoca y no reforma el 102, en los términos de autonomía e independencia, mandará un mensaje a todos los congresos estatales: “que fiscalitos carnalitos se valen. Todos los gobernadores se van a sentir con la licencia y autoridad porque la máxima tribuna de la República legitimó ese modelo”.
A nombre del colectivo denominado “Fiscalía que Sirva”, Ana Lorena Delgadillo afirmó que se presenta un modelo flexible, que obliga a que haya un equipo multidisciplinario que determine la forma de llevar a cabo las investigaciones y le abre la puerta a la participación de expertos internacionales.
Sin una fiscalía autónoma no hay justicia ni debido proceso, seguridad y tampoco se podría pacificar al país. No se pierdan en discusiones partidistas, realmente volteen a ver lo que requiere el país para las víctimas y para la sociedad en general, arengó.
En su turno, el especialista Santiago Nieto, dijo que a través de los equipos multidisciplinarios, el titular de la Fiscalía decidirá la organización de los fiscales especializados de acuerdo con las características de cada problema que se vaya a abordar en los estados, para analizar la realidad y detener la incidencia delictiva.
Se plantea, dijo, que los fiscales especializados no puedan ser removidos, sino que exista la posibilidad de que el Senado se pronuncie respecto de su remoción. “Con ello se evitará que fiscales incomodos sean removidos y se garantiza la autonomía”.
También el dictamen establece un servicio profesional de carrera, para que el personal de la PGR se evalúe antes de incorporarse a la Fiscalía General de la República, “lo que permitirá tener una renovación de cuadros que garanticen un mejor ejercicio de carácter profesional”, puntualizó.
Del colectivo Vamos por más, Marco Fernández destacó omisiones en el proyecto, como la falta de un capítulo de responsabilidades de los funcionarios de la Fiscalía General, además de no contemplar los costos que tendrá la conversión de la Procuraduría a Fiscalía.
El senador Víctor Castro Cosío, de Morena, consideró que quienes se oponen al dictamen tienen un “interés muy marcado en que no haya Fiscal” y prefieren que no se dé certeza a la sociedad en uno de los temas más sensibles. La PGR está acéfala y siguen dilatando. “No se qué intereses haya detrás, pero las instituciones se van a transformar y eso deberíamos hacerlo juntos”, expresó.
