Número-667
- LXIV Legislatura escuchará propuestas de todos los sectores de la sociedad.
El senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado recibió al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz Santana, quien le entregó una propuesta de reforma en materia penal electoral.
Al asegurar que con el cambio de Gobierno en México se registrará una revolución en la procuración de justicia y en todos los ámbitos porque es una de las demandas más sentidas de la sociedad, el senador de Morena refrendó el compromiso de los legisladores de soportar el cambio de régimen a través de su trabajo.
El senador del Grupo Parlamentario de Morena, acompañado de los senadores Ricardo Ahued y Geovanna del Carmen Bañuelos, manifestó la disposición de los integrantes de la LXIV Legislatura para escuchar las propuestas de todos los sectores de la sociedad y enriquecer la labor legislativa para responder a la ciudadanía que confió en el proyecto del nuevo Gobierno.
En Morena estamos por transformar la procuración de justicia en el país y por ello estamos trabajando para sacar adelante el dictamen de la Fiscalía General de la República lo que va a significar una revolución en la procuración e impartición de justicia, indicó.
En su oportunidad, Héctor Díaz acompañado de los fiscales de varios estados de la República, destacó la importancia de que el Congreso analice su petición ya que es apremiante mejorar la ley para garantizar la eficacia en la impartición de justicia en materia electoral.
Destacó que la experiencia que se vivió el primero de julio. Mostró algunas de las debilidades que hay en la ley actual y que es necesario corregir al recordar que el próximo año habrá cinco procesos electorales locales.
Díaz Santana explicó que su propuesta propone tipificar como delitos las siguientes conductas: violencia política por razón de género, conductas ilícitas de aspirantes a candidatos independientes, sanción a gestores o auxiliares de los aspirantes a candidatos independientes, sanciones a conductas típicas realizadas en periodo de intercampaña; falsificación, uso y posesión ilegal de credenciales para votar, financiamiento y gasto ilícito con recursos del extranjero haciendo uso del sistema financiero.
Propone también elevar las penas de los delitos generales, reconocer al INE y a los organismos públicos el carácter de ofendido, autorizar la técnica de intervención de comunicaciones privadas; crear juzgados y tribunales especializados en materia de delitos electorales e incorporar delitos que por su gravedad ameritan prisión preventiva oficiosa.
El funcionario consideró necesario que se le den mayores facultades y recursos a la Fiscalía para perseguir e investigar los delitos electorales en todo el país.
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