Número-543
- A través del uso faccioso de la ley los contratistas aumentan los precios pactados de manera ilimitada.
Para evitar sobrecostos en la contratación de obra pública, el senador de Morena Víctor Castro presentó una iniciativa que propone mayores controles y establece mecanismos de transparencia en el procedimiento de la modificación contractual que prevea una adecuación en montos y plazos.
En nombre del Grupo Parlamentario de Morena Castro Cosio explicó que las modificaciones al artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, consisten en disminuir del veinticinco al 10 por ciento el porcentaje del monto máximo por virtud del cual pueden modificarse los contratos de obra.
Establecer un máximo de tres convenios para el caso de que la modificación exceda del 10 por ciento del monto inicialmente presupuestado así como la creación de requisitos mínimos, que deben justificarse para el caso de solicitar la modificación de condiciones.
Asimismo mandatar que los convenios de modificación sean autorizados por el titular de la dependencia o entidad respectiva y hacer públicos los convenios modificatorios en el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Compranet, abundó.
El legislador reconoció que existen situaciones y condiciones externas que puedan alterar el costo y los plazos para la ejecución de una obra, pero estas adecuaciones, consideró, se deben realizar dentro de un marco transparente, finito, justificado y, sobre todo, presentarse en situaciones realmente excepcionales.
Ya que, dijo, una de las prácticas más tramposas y frecuentes a la que recurren los contratistas consiste en participar en las licitaciones presentando un precio considerablemente bajo, y una vez que resultan vencedores, se apegan a las excepciones establecidas en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que permiten aumentar los precios pactados de manera ilimitada, al amparo de disposiciones laxas y discrecionales.
Castro Cosío resaltó que en nuestro país, la contratación de obra pública representa un importante motor para el desarrollo económico a nivel federal y local. La industria de la construcción es la cuarta actividad económica que mayor valor agregado genera, ya que representa un mercado de 2.4 billones de pesos al año, del cual el 23 % corresponde al sector público, y de éste, el 77.1 % es gasto federal.
En este año, de los cinco billones doscientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete millones previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 643 mil 892.7 millones se destinaron al gasto de inversión en obra pública, destacó.
Monreal lamentó que hoy en día, a través del uso faccioso de la ley y aprovechando la ambigüedad de las normas que regulan este sector, es frecuente que se realicen modificaciones constantes a los costos inicialmente convenidos, a través de un sinnúmero de convenios modificatorios, lo que da como resultado montos hasta 100 veces mayores al originalmente programado.
El senador de Baja California Sur fundamentó su propuesta al asegurar que hay ejemplos preocupantes de estas prácticas, uno de ellos, recordó, es el denominado Paso Exprés, que tuvo un sobrecosto del 53 % de lo originalmente presupuestado, y la vida útil proyectada a 40 años se resumió al trágico hundimiento que tuvo lugar a los tres meses de su inauguración, cuando, como resultado, murieron dos personas.
Un caso más es el del controvertido Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual, en 2014, se previó que costaría 168 mil 880 millones de pesos, y hoy se estima una inversión final de 285 mil millones, es decir el 68 % más, precisó.
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