Número-498
- México pierde 255 mil 500 hectáreas de bosque al año.
La senadora Susana Harp Iturribarría propuso que el Senado de la República solicite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), fortalecer las estrategias y acciones para reducir la tala ilegal de los recursos forestales en el país.
Asimismo, para que incremente el presupuesto para el combate a la tala ilegal a nivel nacional e instrumente campañas que informen de los efectos nocivos que producen al medio ambiente la explotación irracional de los recursos madereros.
La legisladora de Morena también exhortó a la PROFEPA a revisar la Norma Mexicana sobre los contenidos del manejo forestal y el aprovechamiento de los recursos de estos ecosistemas.
Al presentar el punto de acuerdo, a nombre del senador Ricardo Monreal, dijo que la tala ilegal y la deforestación constituyen dos de los más graves riesgos que afronta el medio ambiente y un peligro permanente para una gran variedad de especies de flora y fauna.
Indicó que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) infirmó que, de 1990 a 2015, México tuvo una pérdida de bosque de 255 mil 500 hectáreas por año, superficie equivalente a los territorios de Chihuahua y Chiapas juntos.
Comentó que si bien los fenómenos ocasionados por el cambio climático afecta a los bosques y selvas, la principal razón se encuentra en la explotación inmoderada de los recursos forestales por la actividad agropecuaria y el desarrollo urbano no planificado.
Susana Harp señaló que no se le ha prestado la atención suficiente al problema de la deforestación. La tala ilícita constituye un problema asociado, incluso, a bandas criminales y a la explotación de los recursos bajo criterios mercantiles, sin importar el cambio de uso de suelo, su degradación o contaminación, abundó.
Refirió que entre un 30 y un 50 por ciento de la madera que se comercializa en el país, es de procedencia ilegal, por lo que es indispensable encontrar nuevas fórmulas para combatir esta práctica en virtud de que las acciones emprendidas por la PROFEPA son insuficientes.
El punto de acuerdo se envió a las Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
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