Número-481
- Se adicionarán los artículos 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el 213 de la Ley Federal de Derechos, con ese propósito.
La senadora Alejandra del Carmen León Gastélum planteó revisar el procedimiento administrativo para el cobro de peaje en las autopistas del estado de Baja California. Expuso que debido a que en el tramo de Mexicali a Tijuana, conocido como “La Rumorosa”, los usuarios no cuentan con opción de un camino libre de peaje, la eliminación de la tarifa debe ser obligatoria.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PT propuso para ello una iniciativa con proyecto de decreto con la que se adiciona un último párrafo al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y un tercer párrafo al artículo 213 de la Ley Federal de Derechos.
Recordó que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece la disponibilidad de carreteras libres como condicionante para la operación de tramos de peaje, y la Ley Federal de Derechos instituye el pago que por dicho concepto debe hacer Caminos y Puentes de Ingresos y Servicios Conexos, organismo público descentralizado que opera las autopistas en México.
Dicho pago, abundó, toma en cuenta la explotación que de los caminos lleva a cabo ese organismo a través de la recaudación de las cuotas conforme a las tarifas aprobadas, por lo cual, se debe adicionar el artículo 30 del primer ordenamiento citado y el 213 del segundo enunciado normativo, permitirá contribuir a compensar las distorsiones que se registran en la economía de Baja California.
Señaló que tanto el presupuesto para remodelación y conservación como la recaudación de algunas autopistas operadas por Caminos y Puentes fueron incorporados al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), pero al introducir aspectos tan importantes como la operación y explotación de carreteras federales de peaje al ámbito de los fideicomisos, esto convirtió en letra muerta el artículo 49 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Tal como se acaba atestiguar con el último incremento en las tarifas, acotó, ahora es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), como ente fiduciario, quien determina la cuantía de las tarifas, a pesar de que dicha facultad se encuentra reservada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La propuesta fue enviada para estudio y dictamen a la Cámara de Diputados.
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