Número-416
- El rezago educativo en las personas con alguna discapacidad es de casi 50 por ciento.
En México, 86.6 por ciento de la población con discapacidad tiene, como máximo, estudios de educación básica, debido a los problemas que enfrentan para acceder a ella, señaló la senadora Edith Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Detalló que 27.9 por ciento de la población con discapacidad no tiene estudios; 45.4 por ciento terminó al menos un año de primaria; 13.3 por ciento uno de secundaria; 7.3 por ciento uno de educación media superior y 5.2 por ciento al menos un año de educación superior.
Refirió que el rezago educativo en las personas sin discapacidad es de 17 por ciento, mientras que para quienes padecen alguna discapacidad es de casi 50 por ciento; cifras que demuestran la complejidad del problema.
Ante ellos presentó una iniciativa que propone reformar diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, e incluir la educación especial y la inclusiva como ejes rectores.
En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se modificarían los artículos 2, 12 y 15 para definir a la educación especial como un esquema auxiliar de la educación inclusiva, que tiene como finalidad la incorporación de los alumnos con discapacidad a la educación regular.
Ésta tendría un carácter opcional, voluntario, excepcional y temporal, no sustituiría a la educación inclusiva; y la inscripción de alumnos bajo este esquema estaría determinado en función de los derechos e intereses del educando, explicó.
También se definiría en la ley el concepto de educación inclusiva como un derecho de todo alumno para recibir educación, respetando su bienestar, valorando su dignidad y autonomía inherentes, reconociendo sus necesidades y su capacidad efectiva de incluirse en la sociedad y contribuir a ella, independientemente de su tipo de discapacidad.
En la Ley General de Educación se reformarían los artículos 33 y 41 para obligar a las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a fortalecer la educación inclusiva y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad.
La iniciativa presentada por la senadora Edith Anaya fue turnada a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen.
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