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La senadora priista María del Rocío Pineda Gochi presentó este martes un punto de acuerdo para crear una comisión especial que analice el estado que guardan las finanzas públicas estatales y municipales.
Advirtió que con mayor frecuencia los municipios “siguen los mismos pasos” que los gobiernos estatales y “toman los recursos no etiquetados que les envía la Federación” para contratar créditos con las instituciones bancarias.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, agregó, el monto total de endeudamiento municipal sumó, al 30 de junio de este año, 44 mil 589 millones de pesos y la deuda estatal ascendió a 404 mil 409.5 millones.
Señaló que los ayuntamientos más endeudados son Guadalajara con dos mil 680.7 millones de pesos; Tijuana, dos mil 539.9; Monterrey, dos mil 46.1 millones; Zapopan, dos mil 146.1; Benito Juárez, mil 365.9; Nuevo Laredo, mil 114.7; León, mil 14.7; Mexicali, 950.2; San Nicolás de los Garza, 901.8 y Tlaquepaque, 845 millones de pesos.
“Los datos anteriores --resaltó-- confirman la gravedad del asunto y reflejan que los municipios siguen los pasos de los gobiernos estatales y se endeudan utilizando los ingresos que reciben de participaciones federales”.
Mencionó que las 10 entidades con mayor endeudamiento son el Distrito Federal con 54 mil 866.5 millones de pesos; Nuevo León, 40 mil 8.5; Estado de México, 38 mil 307.1; Coahuila 36 mil 499.6; Veracruz 31 mil 815.8 millones; Jalisco, 26 mil 704.8; Chihuahua, 18 mil 860.2; Michoacán, 16 mil 472.3; Chiapas 15 mil 88.1 y Sonora 14 mil 701.6 millones de pesos.
El común denominador sobre la situación financiera local, dijo, son escenarios de quiebra técnica, futuros hipotecados, deuda a proveedores y retrasos en el pago de nómina por falta de liquidez.
La senadora por Michoacán indicó que la contratación de crédito no es nueva y a pesar de que existían diagnósticos que preveían su agravamiento “no se tomaron las medidas correctas que la abatieran”.
Hizo notar que el problema se originó por reformas parciales y factores políticos de corto plazo que mantienen la dependencia fiscal de estados y municipios.
El documento se turnó a la Junta Coordinación Política.
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