Número-246
- Varias entidades enfrentan la problemática registrada en el estado de Jalisco, por la falta de protocolos y a negligencias para el resguardo de cadáveres.
La senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, solicitó que los gobernadores y fiscales de cada uno de los 32 estados, informen al Senado de la República sobre la política pública para el manejo y custodia de cuerpos y restos humanos por parte de las instituciones responsables en cada una de sus entidades federativas.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PES, presentó un punto de acuerdo con ese propósito, al señalar que, en días pasados, la sociedad en general fue testigo del lamentable manejo de cuerpos y restos humanos por parte de las autoridades responsables en el estado de Jalisco, atentando con esto a la “dignidad” de las personas ya fallecidas como a sus familias, y a la seguridad sanitaria de los ciudadanos en general.
Ello como resultado de la poca o nula claridad en la existencia de protocolos y a negligencias debido a la falta de capacitación adecuada para el correcto manejo y custodia de los cuerpos y restos humanos en el proceso de identificación, así como a la falta de infraestructura y tecnología que permita su adecuado manejo, entre otras causas, manifestó.
Agregó que varias entidades enfrentan este tipo de problemáticas, como fue el caso en el año 2011 en los estados de Durango, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Chiapas, Baja California Sur, entre otras, debido a los altos índices de violencia en el país, donde fue evidente la falta de capacidad de almacenamiento y manejo adecuado en las instalaciones de sus servicios médico-forenses.
Destacó el caso de Veracruz, donde funcionarios de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía y del Servicio Médico Forense de Boca del Río, reconocieron en entrevistas públicas en abril pasado, el “apilamiento de cuerpos y retos humanos” a falta de infraestructura que permitiera su almacenamiento, donde además se contaminó el área por los cuerpos en estado de putrefacción, debido a estar en áreas insuficientes para su almacenamiento.
En tanto, organizaciones de la sociedad civil organizada han manifestado estas situaciones y condiciones insalubres que ponen en riesgo a la población por las pésimas condiciones de los servicios forenses y el hacinamiento de cuerpos y restos en estado de putrefacción, muchos de ellos a la intemperie y la consecuente contaminación, expuso
“Ante este tipo de situaciones, en distintos estados del país, se han detectado irregularidades de cuerpos enviados a la fosa común, entre ellas la inhumación, sin los protocolos adecuados ni los mapeos genéticos correspondientes; la falta de tecnología adecuada; de insumos necesarios, como reactivos para perfiles genéticos; falta de personal suficiente y capacitado, adscrito a los Servicios Periciales, y por eso exigimos conocer las políticas públicas y marcos regulatorios que manejan las autoridades estatales al respecto”, declaró.
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