Número-139
- La Comisión investigará el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 30 noviembre de 2018.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich señaló que el saldo, en la última década, es de más de 240 mil personas ejecutadas, más de 35 mil personas desaparecidas, más de 300 mil desplazados, más de 15 mil feminicidios y, casi, 80 periodistas ejecutados.
A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el legislador propuso crear una Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, totalmente ciudadana y con amplias atribuciones de investigación, para garantizar el derecho a la verdad y la reparación integral del daño a las víctimas de la crisis nacional de derechos humanos actual.
En Tribuna, subrayó que será un órgano de investigación con plenos poderes y facultades para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo que va del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2018.
Sus objetivos fundamentales serán garantizar la búsqueda con vida de las personas desaparecidas, la reparación de daño a todas las víctimas, sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, realizar recomendaciones exhaustivas para la no repetición de los hechos y entregar un informe final vinculante.
El senador de MC precisó que para que el acceso a la verdad sea efectivo, la creación de una Comisión de la Verdad debe nacer de un proceso parlamentario abierto y no de una decisión ejecutiva, “por su naturaleza apolítica y jurídica, sería unilateral”.
La guerra contra el narcotráfico dejó pautas y esquemas de actuación comunes que deben esclarecerse plenamente, aun cuando hay características regionales particulares y episodios que deben ser reconocidos por la comisión para que en su caso se puedan activar otros procesos de justicia transicional particulares, detalló.
La Comisión de la Verdad contará con las más amplias facultades concedidas por el Estado Mexicano, en materia de investigación de violaciones a los derechos humanos, atendiendo a lo dispuesto por los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el Estado Mexicano, conforme a la Constitución.
Se integrará por cinco Comisionados, tres especialistas en derechos humanos, antropología forense, psicología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidades públicas y organismos internacionales de derechos humanos; y por dos comisionados representando a las víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales y colectivos de víctimas, con reconocimiento público en la defensa de los derechos humanos.
Su Presidente, señala la propuesta, podrá solicitar a la Cámara de Diputados o a las legislaturas locales, la comparecencia de cualquier autoridad o servidor público que se niegue a colaborar con ella, para que explique dicha negativa o las razones por las que obstaculiza su trabajo.
La Comisión contará dos comités, uno para la Reparación del Daño a las Víctimas y uno para la Reparación del Dalo a las Víctimas.
Para asegurar la imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones y para no enrarecer el siguiente proceso electoral federal, la iniciativa contempla que la Comisión de la Verdad entre en funciones a partir del 1º de diciembre del 2018, una vez integrado el nuevo Congreso de la Unión y comenzado el nuevo Gobierno Federal.
Se prevé que al finalizar sus funciones, la Comisión entregue en sesión solemne del Congreso General, un informe final que deberá detallar las causas, motivos, modos y circunstancias por las cuales se cometieron las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo que investigó.
El informe constituirá así una pieza clave en la construcción de una transición pacífica hacia un auténtico cambio de régimen, que reconozca la existencia de las víctimas y esté en condiciones de constituir un documento de memoria histórica.
En los artículos transitorios se prevé que la Comisión de la Verdad se integre dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del decreto. Y que deberá elaborar y emitir el Reglamento correspondiente, su Reglamento Interno, y demás normatividad necesaria para su funcionamiento, los cuales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los 20 días naturales siguientes a la integración formal de la misma.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.
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