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Integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado se reunieron este lunes con Alejandro Martí, presidente de México SOS, representantes de organizaciones de la sociedad y académicos, para intercambiar puntos de vista sobre la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales de 2008.
En el encuentro, que tuvo lugar en la nueva sede, el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, consideró urgente concretar la reforma penal, porque el sistema de justicia por muchos años se ha venido deteriorando y funciona mal.
Advirtió que una reforma de este tamaño siempre conlleva resistencias importantes y va a generar tensiones en un sistema que se va a negar a ser transformado, pero “estamos dispuestos a discutirla con mucha seriedad y responsabilidad para hacer lo que sea mejor para México en un tema que urge sea tratado”.
A los representantes de la sociedad civil, el también coordinador de los senadores panistas les hizo un llamado para que “no dejen que nos echemos para atrás”.
Les dijo que su presencia forma parte de “una dinámica distinta de trabajo en el Senado”, y su deber y misión es ayudarnos a debatir razonablemente, pero también a empujarnos a que las cosas sucedan, a ser voceros, a ser líderes de opinión.
El presidente del Senado ofreció generar las condiciones para una discusión franca de la reforma, a fin de tener un producto tangible y real para México tan pronto como se pueda, pero tampoco al vapor ni mucho menos.
Para el senador Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política, vivimos una realidad que nos avergüenza, nos lastima, nos lacera y que sin duda tiene que cambiar.
Hizo notar que hay personas que han sufrido en carne propia lo que es la injusticia, lo que es no poder defender con sus propias manos un acto que avergüenza a todos los mexicanos.
Es un México que estamos viviendo, el México que debemos cambiar desde el Legislativo, el Ejecutivo, desde el Judicial, pero también con la participación de la sociedad, puntualizó.
El coordinador de los senadores priistas mencionó que hay deficiencias y errores, pero es más importante ver cómo corregirlos, para tener un código único, en vez de 32.
Por ello, consideró que la reforma penal es fundamental, porque existe un clamor de justicia, a vivir en paz y en tranquilidad, en un país de leyes y con pleno apego al respeto de la ley.
El senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador del PRD, aseguró que en el Senado se decidió que no existan temas “prohibidos o tabúes”, por lo que se “construirá el ambiente para llegar a los acuerdos” y resolver el rezago legal frente a la reforma constitucional de 2008.
Reconoció “las deficiencias del sistema procesal mexicano” y destacó la importancia de armonizar el procedimiento penal, una reforma Constitucional, en caso de plantear un Código de Procedimientos Penales único, así como transformar al Poder Judicial.
Su propósito --añadió-- es dotar a la autoridad de los elementos de prueba para castigar al culpable y absolver al inocente, la búsqueda de la verdad material e histórica.
En su opinión, ese debe ser la finalidad de un procedimiento penal, inquisitivo o acusatorio y oral, es la búsqueda de la verdad material que hay que conocer.
A su vez, Alejandro Martí, fundador de México SOS, advirtió a los senadores que el Código vigente “es un obstáculo para impartir justicia a la ciudadanía y de todos es sabido que el sistema judicial mexicano está rebasado o por lo menos ya no sirve”.
Dijo que para operar la reforma constitucional es indispensable un nuevo ordenamiento y el proyecto que trabajó la Cámara de Diputados en la legislatura pasada puede ser aprobado con correcciones mínimas.
Martí propuso que senadores y diputados trabajen en conferencia, a fin de facilitar la aprobación de un Código único, pues no se pueden medir los niveles de impunidad o la incidencia delictiva sin los mismos códigos en todos los estados.
En su turno, Ernesto Canales Santos, presidente de Renace, aseguró que la emisión del nuevo Código es un mandato constitucional, además existe un gran consenso ciudadano sobre el tema, porque se trata de un sistema más transparente, basado en una policía profesional.
Afirmó que con dicha norma se garantizarían los derechos de víctimas y acusados y se terminaría con la prevalencia del Ministerio Público --que “ha sido una fuente de influencias y corrupción”-- en el desarrollo del proceso.
Por su parte, el senador Pablo Escudero Morales, del PVEM, precisó que la base para la discusión del nuevo Código sería el último proyecto que se trabajó en la Cámara de Diputados y que suma las iniciativas que presentaron el Ejecutivo y legisladores de diversos partidos.
Dijo que este documento registró un alto grado de consenso en la colegisladora, por lo que estimó necesario presentarlo en el pleno senatorial a nombre de todas las bancadas.
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