Número-106
- Las empresas que trabajan de manera ilegal con este modelo, tienen afectaciones al fisco y a los trabajadores, por un monto superior a los 277 mil millones de pesos.
La modalidad de subcontratación, también conocida como outsourcing, se está convirtiendo en un grave problema para nuestro país y especialmente para los quintanarroenses, dado que permite empleos sin que las compañías se responsabilicen por los trabajadores.
Así lo denunció la senadora del Grupo Parlamentario de Morena, Freyda Marybel Villegas Canché quien, propuso una reforma el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a las empresas contratantes a que brinden condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.
“Se espera que con la implementación de la NOM para regular la subcontratación, las empresas tendrán que certificarse y demostrar las actividades que llevan a cabo. Además, deberán dar de alta los sueldos adecuados para el personal, dar contratos, pagar impuestos, IMSS, Afore, Infonavit e IVA, sin embargo, consideramos que estos aspectos deben estar regulados a nivel de ley con la finalidad de garantizar los derechos laborales de los trabajadores y garantizar que todas las empresas que se dedican a la subcontratación estén debidamente certificadas”, abundó.
Al fundamentar la propuesta la senadora morenista señaló que el outsourcing, según estimaciones de GINgroup, este esquema emplea alrededor de 2 millones de personas en México y tiene un valor de 6 mil millones de dólares.
“Para este año la industria de la contratación a través de un tercero espera un crecimiento aproximado de 5 por ciento. Tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo de diciembre de 2012, tituló subcontratación a un modelo especifico de negocio contenido en los artículos 15-A a 15-D, sin haber derogado el modelo de intermediación que existía hasta ese momento, independientemente de que define al trabajo en régimen de subcontratación como”…aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”, aseguró.
La senadora lamentó que este tipo de empresas vulneren los derechos laborales y reveló que se han generado prácticas donde los trabajadores firman sus renuncias cuando formalizan su contrato, lo que deja mucho que decir de este tipo de contrataciones, porque deshumaniza al trabajo dejándolo en un plano meramente comercial y restringiendo los derechos laborales de los trabajadores bajo esta modalidad.
“Como podemos observar los vacíos jurídicos que genera la indefinición de la subcontratación violenta estos principios, además de que genera importantes afectaciones económicas. Se estima que las empresas que trabajan de manera ilegal con este modelo, tienen afectaciones al fisco y a los trabajadores, por un monto superior a los 277 mil millones de pesos”. dijo.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.
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