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*Hay avances pero también retrocesos; se requiere corregir el rumbo: PRI.
*El plan contra el crimen, dentro de la legalidad: PAN.
*En muchas regiones se vive un estado paralelo: PRD.
*PVEM critica doble contabilidad en logros.
*Para el PT “el sistema penitenciario está podrido”.
Los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT en el Senado de la República fijaron su posicionamiento con relación a la política interior contenida en el Vi Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La senadora Cristina Díaz Salazar aseguró que en el Estado de derecho el balance de la actual administración en materia de seguridad y procuración de justicia “registra avances --y lo reconocemos-- pero también hay retrocesos”.
Para el PRI, afirmó, “la mera voluntad no basta, se requiere una estrategia integral, corregir el rumbo cuando es necesario y capacidad para construir acuerdos con todos los actores políticos y sociales”.
Reconoció la determinación del jefe del Ejecutivo por combatir a la delincuencia y al crimen organizado, “aun cuando en muchas ocasiones no ha sido suficiente y tampoco competente y sensible al dolor de la gente”.
Subrayó que el Congreso ha dotado de mejores instrumentos al marco jurídico para la procuración de justicia y leyes con las que ahora la Federación cuenta con atribuciones “nunca antes concebidas”, pero “lamentablemente” muchas veces no son aplicadas.
“Sin bien valoramos que como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad (ENS) se hayan incrementado de manera significativa el número de detenidos y de aseguramientos --enfatizó--también señalamos que con ella no fue posible frenar la inseguridad y la violencia”.
A su vez, para el senador Javier Lozano Alarcón, de Acción Nacional, el plan para combatir a la criminalidad del presidente Felipe Calderón fue implementado en el marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
Manifestó que “es un grave error consignar que la violencia desatada en el país y las muertes que se han producido en estos años son como consecuencia y causa de la acción del gobierno”, pero es exactamente al revés, pues se actúa para enfrentar un problema que provocan los delincuentes.
El legislador precisó que la administración federal actuó en la mayoría de las ocasiones a petición directa de los gobiernos estatales, porque ante “la fuerza implacable de la delincuencia organizada a veces se ven rebasados”.
Afirmó que se han realizado operativos para apoyar a las entidades y “como nunca antes” esta lucha se libra “desmantelando las redes delincuenciales, atacando sus rutas logísticas, asegurando armamento y dinero en efectivo, así como aprehendiendo a las cabecillas de las bandas”.
A nombre del PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez destacó que a seis años de la implementación de la ENS la percepción de la sociedad es que ésta “fracasó” porque en la vida cotidiana para muchas personas transitar libremente por las calles constituye un riesgo de asaltos, violaciones y ataques a la integridad física.
En contraste, asentó, existe una debilidad en las instituciones en la que se observa corrupción, impunidad e ineficiencia, que se refleja en el aumento de los delitos vinculados al crimen organizado y los asociados a la delincuencia común.
La “guerra” contra el crimen organizado, aseguró, dejó a México como uno de los países con mayor número de desplazados, pues la cifra ascendió a 160 mil personas, de las cuales 26 mil 500 tuvieron que abandonar sus hogares el año pasado por la extorsión, la inseguridad y la violencia.
En muchas regiones del país, aseveró, se vive un Estado paralelo “que cobra derechos de piso, extorsiona, secuestra y brinda protección sin que las autoridades hayan hecho algo al respecto de manera efectiva”.
En su turno, el senador Pablo Escudero Morales destacó que la Secretaría de Seguridad Pública recibió un presupuesto de 174 mil millones de pesos, pero “lamentablemente el informe no cumple con nuestra expectativa porque sólo contempla los logros administrativos y no contiene una radiografía a detalle de la realidad”.
Esto, agregó el legislador del PVEM, “nos hace pensar que es un especie de doble contabilidad” y complica el trabajo para desglosar la gestión de la presente administración.
Consideró que el reporte sobre los detenidos en operaciones coordinadas “no nos dice nada porque nadie puede olvidar el michoacanazo o las espectaculares detenciones que se llevaron a cabo y terminaron con la libertad” de los inculpados.
¿Como entender que nuestra Policía Federal, que trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Marina, sólo hace unos días trató de ejecutar a dos ciudadanos estadounidenses y a un marino?, cuestionó; si hubo complicidad, agregó, sería muy grave, y si se registró confusión y negligencia también.
Para el senador petista David Monreal Ávila las fugas masivas de reclusos “sólo dejan de manifiesto que los que verdaderamente mandan en este país son los integrantes de la delincuencia organizada, frente a un Estado federal desorganizado entre sí”, pues en menos de tres años se escaparon 450 reos y 51 más murieron en el intento.
Aseguró que “el sistema penitenciario del país está podrido desde la médula” porque a la sobrepoblación, las continúas violaciones de los derechos humanos y la universidad del crimen en que se han convertido a las cárceles se suma las fugas multitudinarias de internos con “niveles similares a los de Nigeria, Afganistán u otros Estados fallidos”.
El balance de la política interior, señaló el legislador, “presenta un saldo negativo” en la obligación del Estado para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, el respeto a los derechos humanos y la traducción de la gobernabilidad democrática en el mejoramiento económico social y cultural.
En la ronda de preguntas, el senador priista Omar Fayad Meneses hizo notar que de acuerdo con los recursos gastados en la ENS, a la que fueron canalizados 740 mil millones de pesos, y los logros obtenidos cada kilo de cocaína incautada “le ha costado al país seis millones 500 mil pesos” y cada vehículo asegurado siete millones 400 mil pesos.
A su vez, el senador Francisco García Cabeza de Vaca, de Acción Nacional, cuestionó a la procuradora sobre el estado que guarda la investigación de la ejecución de 72 migrantes en San Fernando y si la PGR cuenta con elementos suficientes para llevar a los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ante la justicia.
Por su parte, el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez destacó que el narcotráfico “lavó” entre 2007 y 2011, tres billones de pesos tanto en Estados Unidos como en México, y que la rentabilidad de los cárteles de la droga ya es 15 veces superior que la de las empresas de Carlos Slim, pero este delito “permanece prácticamente intocado”.
Además, el senador Pablo Escudero Morales, del Partido Verde, solicitó información acerca de las implicaciones jurídicas en el sistema justicia en las cárceles, al no contar con el Código Federal de Procedimientos Penales adecuado.
Sobre el caso de Tres Marías, Manuel Bartlett Díaz, del PT, preguntó al titular de Gobernación sobre el número de agentes extranjeros que actúan en México.
En tanto, Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza, pidió dar a conocer los mecanismos que han implementado para perseguir, detener y encarcelar a policías o investigadores corrompidos por criminales.
En sus respuestas, el titular de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, dijo que el combate al terrorismo y la delincuencia trasnacional son amenazas regionales que tienen que ser atendidas de manera compartida “y en esa medida compartimos con agencias de otros países” mecanismos para poder tener la información que es necesaria para que el Estado cumpla con sus atribuciones.
En su oportunidad, el secretario de Seguridad Pública, Generó García Luna, respondió que México necesita instituciones sólidas de seguridad y una perspectiva integral en la materia, pero eso requiere inversión para pagarle adecuadamente a los policías y adquirir tecnología.
La titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, aclaró que no todos los ejecutados en San Fernando eran migrantes y que hasta el momento se han identificado 60 cadáveres y quedan pendientes de reconocer los cuerpos de 10 hombres y dos mujeres.
Mencionó que entre los consignados por esa matanza se encuentran policías de dicho municipio, mismos que ya se encuentran bajo proceso penal.
En relación a los ex gobernadores, consideró que es en este tipo de casos cuando la credibilidad de la institución está aprueba.
Recordó que existe una orden de aprehensión en contra de Tomás Yarrington, gracias a la información que se compartió con autoridades de Estados Unidos.
Sin embargo, dijo que debido a las indagaciones que se llevan a cabo “no puedo revelar más información y decir si hay elementos en contra de otra persona para ejercitar acción penal”.
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