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La senadora panista Adriana Dávila Fernández solicitó a la Junta de Coordinación Política que constituya una comisión ordinaria para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, así como para la protección y asistencia a las víctimas.
En un punto de acuerdo, advirtió que el crimen organizado ha aumentado su participación y la frecuencia en que ocurren los delitos relacionados con este ilícito.
Destacó que debido a su posición geográfica, México es considerado un país de tránsito, origen y destino de víctimas, fundamentalmente de niñas, niños y mujeres, que son objeto de explotación sexual y laboral.
Además, dijo la legisladora por Tlaxcala, “es un país en el que se comete de manera reiterada la trata de personas”.
Mencionó que este flagelo es uno de los delitos que en mayor medida atentan contra los derechos humanos, vulnera la dignidad de sus víctimas, afecta a familias y comunidades enteras, lastima la cohesión social y, sobre todo, fractura la condición de humanidad de quienes sufren este crimen.
Dávila Fernández reconoció el papel del Congreso en la aprobación la ley general para enfrentar la trata de personas, pues establece la concurrencia de todos los niveles de gobierno y crear un andamiaje institucional capaz de afrontar las estructuras del crimen organizado que lucran con la vida de las personas.
Por la complejidad y lo delicado de las violaciones graves a los derechos humanos al cometer este delito, asentó, el Senado de la República debe asumir el reto y darle prioridad a este tema.
El punto de acuerdo se turnó a la Junta de Coordinación Política para su análisis correspondiente.
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