Número-1019
- Son víctimas de ejecuciones, tortura, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte y de desaparición forzada.
El Senado de la República reformó el artículo 51 del Código Penal Federal, con el fin de aumentar hasta un tercio la pena cuando se cometa un delito doloso en contra de un defensor o defensora de derechos humanos que tenga como finalidad obstaculizar sus labores.
En el dictamen aprobado, se menciona que a partir del año 2006 la situación de los defensores de derechos humanos se ha vuelto cada vez más precaria, “sin contar el riesgo que representa el ejercicio de su labor”.
Se agrega que estos activistas tienen una mayor propensión a ser víctimas de delitos como amenazas de muerte, robo de equipos de cómputo, homicidio doloso y desaparición forzada, situación denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El organismo ha determinado que los defensores continúan siendo objeto de graves situaciones que amenazan sus prerrogativas y derechos de mayor valía, lo que afecta directamente a toda la sociedad.
Según los registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del año 2006 a la fecha, se han registrado 29 homicidios contra personas defensoras de derechos humanos, de ellos, 13 corresponden a mujeres y 4 han sido desaparecidos.
En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe 2012 sobre la situación de las y los defensores, documentó el homicidio doloso de 22 activistas y 5 miembros de sus familias.
Por su parte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos registró un total de 409 agresiones y 27 asesinatos, siendo Oaxaca y Guerrero los estados con mayor incidencia de casos.
El portal electrónico de noticias Animal Político informó que entre 2011 y 2013, 171 defensores de derechos humanos y 37 organizaciones han sido agredidos en 409 ocasiones, 27 de ellos perdieron la vida.
De esos casos, en 110 las víctimas no pudieron identificar al perpetrador, pero cuando lo hicieron, los principales agresores fueron policías estatales.
En el documento aprobado por la Asamblea, se subraya la gravedad de la situación por la que pasan los defensores de derechos humanos y destaca la necesidad de establecer políticas públicas que prevengan agresiones y protejan a defensoras y defensores civiles, además de mejorar los resultados en este campo en materia de procuración de justicia.
El senador Héctor Flores Ávalos, del PAN, dijo que en el país hay un “escenario lamentable” de ejecuciones, tortura, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte y de desaparición forzada en contra de los defensores, de ahí, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya otorgado en los últimos años una serie de medidas cautelares para proteger a un numero de importante de ellos.
A su vez, el senador Jesús Casillas Romero, del PRI, opinó que la defensoría de los derechos humanos es una actividad que se ha vuelto riesgosa, por lo que se requieren de acciones de carácter legislativo “para que esto no siga sucediendo”.
La senadora Angelica De la Peña, del PRD, destacó la importancia de actualizar el Código Penal Federal para agravar las penas cuando se lleve a cabo un delito en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos.
El dictamen, aprobado por unanimidad con 72 votos, se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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