Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-1002

  • Inhibir estos ilícitos que ponen en riesgo a la población y que están ligados a la delincuencia organizada, el objetivo.

El Pleno del Senado de la República conoció de primera lectura el proyecto de decreto para incrementar las sanciones por los delitos en materia de hidrocarburos e inhibir estos ilícitos que ponen en riesgo a la población y que están ligados a la delincuencia organizada.

El dictamen plantea una pena de 20 a 30 años de prisión a quien sin derecho ni consentimiento sustraiga; aproveche; compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie; resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte; altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Plantea de 17 a 25 años de cárcel para el que directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.

Las reformas a diversos artículos de este ordenamiento buscan, entre otras sanciones, imponer de 10 a 15 años de prisión al que invada las áreas de exclusión a bordo de una embarcación y que utilice bandera o matrícula apócrifa simulando su propiedad a favor de algún asignatario, contratista, permisionario, distribuidor o naviero.

El dictamen a la minuta que envió la Cámara de Diputados también sustituye las alusiones al salario mínimo y por la Unidad de Medida y Actualización en los tipos penales contenidos de la Ley.

Aumentan penas por delitos dolosos en contra de defensores de derechos humanos

En la sesión de este miércoles, también quedó de primera lectura el dictamen que modifica el artículo 51 del Código Penal Federal, a fin de aumentar hasta un tercio la pena cuando se cometa un delito doloso en contra de un defensor o defensora de derechos humanos, particularmente en el ejercicio de su función y actividades de defensa.

En el dictamen, los senadores destacaron que a partir del año 2006 la situación de los defensores de derechos humanos se ha vuelto cada vez más precaria, sin contar el riesgo que representa el ejercicio de su labor.

Asentaron que estas personas tienen una mayor propensión a ser víctimas de amenazas de muerte, robo de equipos de cómputo, homicidio doloso y desaparición forzada de persona.

El Senado dio el mismo trámite al dictamen que reforma el artículo 487 y adiciona el artículo 487 bis del Código Nacional de Procedimientos Penales, para dar certeza jurídica a la “sucesión de tipos penales”, es decir, a la traslación de la descripción de una conducta prohibida por la ley cuando sufre una modificación a consecuencia de un acto legislativo.

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