Número-933
Los juzgadores y operadores del derecho en México, deben encontrar en las nuevas tecnologías los medios para apoyar a la sociedad, a fin de facilitar y acercar el acceso a la justicia, así lo señaló la senadora Yolanda de la Torre Valdés.
Consideró que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares requiere una revisión de los procedimientos especiales, mejorar los trámites de adopción, los procedimientos que garanticen el interés superior de la niñez, la perspectiva de género, de derechos humanos y la inclusión para el acceso a la justicia.
Durante el ciclo de conversatorios Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, “Retos y Perspectivas”, el presidente de la Comisión de Justicia, David Flores Ávalos, afirmó que la premisa en el ordenamiento, debe ser la de proveer un marco normativo que garantice certidumbre jurídica.
Con la presencia del Colegio de Notarios, la Barra Mexicana de Abogados y el Colegio de Abogados de México, reiteró que la justicia cotidiana es uno de los temas jurídicos “más sentidos por la sociedad”, porque son asuntos que se presentan en “su día a día” y que requieren de la aplicación de la ley.
La magistrada Paula García Villegas Sánchez Cordero estimó que los cambios en el Código en materia familiar se vislumbran complejos porque hay entidades, en las que su sociedad, es muy conservadora para considerar, por ejemplo, que el matrimonio no solo tiene fines reproductivos o que existe el abuso sexual dentro de esta institución.
El magistrado de la Primera Sala Colegiada en Materia Civil de Tlalnepantla, Estado de México, Sergio Valls Esponda, sugirió revisar los recursos humanos y la cantidad de juzgados con que se cuenta, de lo contrario podría “colapsar”, debido a la saturación de jueces y magistrados; en el país se tienen contabilizados 3 mil 674 jueces en todas las materias, agregó.
En el conversatorio participaron Eduardo Méndez Vital, representante de los tres colegios de abogados; Laura Rodríguez, consejera de la Barra Mexicana de Abogados; Verónica Gómez Schulz, Roberto Cuétara Canale, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, e Ignacio Ramírez Fernández del Castillo.
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