Número-919
- Para atender la sentencia de la SCJN es necesario emitir la ley y garantizar principios de idoneidad, máxima publicidad, transparencia, entre otros.
- Organizaciones piden seriedad y claridad en la ruta de trabajo.
En el inicio de las audiencias públicas sobre la Ley en materia de Propaganda Gubernamental, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, aseguró que para los legisladores es prioridad analizar y debatir el tema, a fin de establecer un nuevo modelo de comunicación política que sea objetivo, útil y relevante para la sociedad.
La senadora destacó que se acordó una ruta de trabajo apegada a los principios de transparencia, pluralidad, rendición de cuentas y participación efectiva de las organizaciones civiles, académicas, empresariales, medios de comunicación, periodistas, organismos y órganos del Estado.
Informó que se realizará una segunda y tercera ronda de audiencias públicas, a efecto de escuchar a quienes están interesados en participar y encontrar elementos para el debate, “que nos permita cumplir con la finalidad de las propuestas”, ya que “se requiere expedir a la brevedad la ley”.
Precisó que una vez terminadas las audiencias, las conclusiones serán remitidas a la Cámara de Diputados, en virtud de que este ejercicio se realiza en coordinación con la Comisión de Gobernación de la colegisladora. Indicó que las Juntas de Coordinación Política acordarán cuál será la cámara de origen.
El senador Zoé Robledo Aburto, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, reconoció que, sin duda, ha sido corto el periodo de tiempo con el que se convocó a los participantes, por lo que “agradecemos que mañana se abra otro espacio para que sea el mayor número de personas” las que participen en este proceso.
No obstante, se dijo preocupado por que pareciera que senadores y diputados “estamos otra vez tomando rutas paralelas, pero distintas. Eso a mí me preocupa porque el tiempo cada vez apremia”.
El legislador del PT advirtió que la consecuencia del desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un juicio de amparo y la pena es de cinco a 10 años de prisión, separación del cargo e inhabilitación hasta por diez años “y todos los legisladores pueden ser responsables”.
Consideró que para atender plenamente la sentencia es necesario emitir la ley y reparar las omisiones, bajo los criterios de idoneidad, máxima publicidad, transparencia respecto a los patrones de medios de comunicación, mediciones de audiencias, circulación, ratings, contenidos de utilidad pública, propaganda gubernamental identificable, pluralidad y diversidad, mecanismos de control, entre otros.
Para el senador Manuel Cárdenas Fonseca no es posible lograr un documento que “satisfaga medianamente las expectativas para lograr lo posible en lo deseable”, debido a los plazos que estableció la Corte y advirtió que “no se va a cumplir con esa fecha, si queremos algo de calidad”.
El senador Luis Sánchez Jiménez, del PRD, opinó que esta reunión no “está bien organizada” y pidió que se revise, si se cumple o no, el acuerdo de las Juntas de Coordinación Política de trabajar en conferencia con la colegisladora. Dijo que la cámara de origen no importa, mientras exista un documento conjunto con alto consenso.
La senadora Marcela Torres Peimbert, del PAN, lamentó que el tema de parlamento abierto se tome como “una concesión graciosa” por parte de senadores y diputados hacia la sociedad civil.
Del PAN, el senador Ernesto Ruffo Appel lamentó la “manipulación” de la que han sido objeto las organizaciones civiles con la convocatoria para esta audiencia. Dijo que el Poder Legislativo es manipulado desde Los Pinos a través de su grupo parlamentario y aliados.
La senadora Martha Tagle señaló que es fundamental establecer las bases para trabajar en conferencia con la Cámara de Diputados y expresó que se insiste que la colegisladora sea la cámara de origen “porque allá hay mayor control”.
La senadora Dolores Padierna Luna, del PT, consideró que se está a tiempo de poder llegar a una ley en este periodo de sesiones, la cual servirá para poner orden “en muchas cosas que están mal hoy” en el manejo de los recursos y de los tiempos oficiales.
El diputado Alejandro Ojeda Anguiano, de Morena, comentó que existe una urgencia por el mandato de la Suprema Corte, pero, es necesario conocer cuál es el punto de vista de las organizaciones civiles para nutrir este proceso y concluir con la expedición de la norma.
Ricardo Luévano, de Arículo19 México, cuestionó la forma en que se realizó la invitación a las organizaciones civiles para participar en este encuentro, pues a muchos no se les notificó a tiempo, otros se enteraron a través de las redes sociales y algunos están fuera de México, además, el programa se “achicó”. Por ello, pidió más “seriedad” porque las audiencias son parte del proceso de la sentencia que estableció la SCJN.
Dijo que es indispensable avanzar en una ley que genere los contrapesos democráticos que el país requiere; indicó que hay iniciativas que pretenden perpetuar las malas prácticas; no se contempla un mecanismo de rendición de cuentas; no se impide que la Segob quede en el centro de la ley, y no se consideran sujetos obligados a personas físicas y morales que reciben recursos públicos asociados a la publicad oficial.
De Fundar Centro de Análisis e Investigación, Justine Dupuy, opinó que esta audiencia se organizó con falta de profesionalismo y seriedad con sólo cinco días de anticipación y se incluye a personas que no fueron citadas. En estas condiciones, subrayó, la mayoría de las organizaciones no quieren asistir, lo que imposibilita un mecanismo de participación efectivo que se considera en la sentencia de la SCJN.
Manifestó que se corre el riego de que prevalezca la simulación en este proceso “y que se haga una mala ley, un parche para un problema más profundo, un cambio superficial, en lugar de la transformación estructural que se requiere”. Pidió a los legisladores claridad para la ruta y en el trabajo en conferencia.
Aleida Calleja, de Observacom, afirmó que es mentira que los medios grandes cubran todo el territorio nacional, cuando no llegan a muchos lugares y los medios locales cubren esos espacios; por eso los criterios deben ser diferenciados con la realización de estudios de audiencias para tener certeza de las audiencias que cubren y así otorgar la publicidad oficial.
José Buendía, del periódico Excélsior, señaló que se debe cambiar el modelo regulador porque hasta hoy el que representa la Secretaría de Gobernación no ha funcionado, y propuso que en Ley General de Transparencia se debe involucrar como reguladores al INAI, la COFECE y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para asignar la publicidad oficial.
Gabriela Campos Torres, de INFOTEC, consideró que la nueva legislación deberá garantizar ante todo la libertad de expresión, como se establece en la Constitución, por lo que habrá que diferenciar cuando es información pagada y cuando no, para lo cual se deberán revisar los contenidos de la información que se difunde en los medios escritos, electrónicos y por Internet.
María Rebeca Félix, directora jurídica de la Coparmex, pidió también que se tome en cuenta en la regulación a los organismos autónomos desconcentrados o descentralizados y que el organismo patronal que representa hace un llamado urgente al Congreso de la Unión legisle y apruebe la Ley en Materia Propaganda Gubernamental antes del próximo 30 de abril.
En su turno, Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI, sugirió que los sujetos obligados pueden ser los mismos que se consideran en el registro de sujetos obligados de este Instituto y planteó que se especifique en la nueva norma que la publicidad oficial es fuente de acceso a la información pública.
Rodrigo Santiago Juárez, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicó que mañana la CNDH dará a conocer un informe sobre la asignación y contratación de publicidad oficial en las entidades federativas, donde se advierte que la mayoría de los estados no cuentan con una normatividad específica ni con procedimientos para evaluar o supervisar la contratación y asignación de propaganda gubernamental.
Señaló que no existen iniciativas legislativas para regular esta cuestión, además de que la mayoría de los estados no compartieron información completa sobre el presupuesto aprobado y ejercido para publicidad. Se demuestra una opacidad generalizada en la manera en que se asigna y distribuye tanto a nivel federal como local.
Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, destacó la necesidad que la ley establezca la manera en que se va a delinear el tema de imparcialidad en el uso de los recursos públicos por parte de los funcionarios en materia de propaganda gubernamental.
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