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El Senado de la República solicitó a los 31 gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal un reporte detallado sobre la situación financiera de sus entidades, con especial énfasis en los “endeudamientos contratados” y sus efectos en el mediano y largo plazo en el bienestar de la población.
Además, pidió a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que implementen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas e instruyan a los órganos de fiscalización a su cargo a realizar auditorías sobre la situación financiera de las haciendas públicas de sus entidades.
Del mismo modo, exhortó a la Junta de Coordinación Política para que a la brevedad se instalen las comisiones correspondientes para analizar y votar la iniciativa que presentó el Ejecutivo con trámite preferente que busca reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en un plazo máximo de 30 días naturales.
En el punto de acuerdo aprobado se menciona que de diciembre de 2008 a junio de 2012, el saldo de la deuda pública de largo plazo de las entidades federativas y municipios se incrementó en 99.1 por ciento, al pasar de 203 mil 70.2 millones a 404 mil 409.5 millones de pesos.
Se agrega que como porcentaje de las participaciones, el saldo de la deuda se incrementó de 50.7 por ciento en diciembre de 2008 a 80.1 por ciento en junio de 2012.
“Que los gobernantes locales no estén obligados a reportar cómo gastan --se expone en el documento-- propicia ineficiencia y dispendió, así como el incremento irresponsable del gasto público”.
A presentar la propuesta de urgente resolución, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, de Acción Nacional, mencionó que actualmente Nuevo León tiene obligaciones financieras por 40 mil millones de pesos; Quintana Roo, por 13 mil 800 millones; Veracruz debe 27 mil 938 millones y Coahuila, 36 mil 509 millones.
Pero esta información, dijo, es la que reporta la Secretaría de Hacienda y “hay mucha información sobre pasivos que tienen los estados” que no ha sido reportada y que ni siquiera se registran como deuda, sino como compromisos contraídos con entidades financieras a pagarse en determinado tiempo.
Al discutirse el resolutivo, el senador priista Alejandro Tello Cristerna calificó de “temerario, poco objetivo y parcial” hablar de la deuda de los estados como una irresponsabilidad de los gobernadores.
Afirmó que la deuda de las entidades “es una problemática estructural” que no se originó “en un día” sino que se generó “paulatinamente” por “la política de sumisión” que vivieron los estados, donde cada fin de año tuvieron que recurrir a la Secretaría de Hacienda para hacer frente a sus compromisos.
A su vez, para el senador perredista Benjamín Robles Montoya “la falta de transparencia y rendición de cuentas en las finanzas estatales hoy en día es particularmente grave”, porque el crecimiento de la deuda “se ha desbordado” en los últimos años.
Resaltó que el 58 por ciento de dicho endeudamiento, es decir, más de 234 mil 418 millones pesos, corresponde a compromisos con la banca comercial, sólo 22 por ciento, 89 mil 590 millones, a la banca de desarrollo, 15 por ciento a emisiones bursátiles, 3 por ciento a fideicomisos y 2 por ciento a otras fuentes de pago.
En su turno, el senador panista Martín Orozco Sandoval destacó que la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene la finalidad de garantizar a la sociedad la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Por su lado, el senador David Penchyna Grub, del PRI, reiteró que el problema no debe ser analizado “sólo desde la perspectiva partidaria”, porque “es un tema estructural” y en todos los estados se ha incrementado la deuda pública.
Por último, el también senador del PRD, Fidel Demedicis Hidalgo aseguró que el endeudamiento público tiene la función de fortalecer el desarrollo, pero hay dudas sobre si los recursos son utilizados para este propósito.
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