Número-764
- Esta propuesta se origina a causa del alto número de denuncias que en los últimos años han reportado miles de personas en todo el país
A todo aquel que valiéndose de la ignorancia y condición social de las personas se ostente como facilitador para gestionar programas y apoyos sociales, pidiendo dádivas o prebendas, será sancionado con cárcel y su conducta será tipificada como fraude en el Código Penal Federal, advirtió la senadora Lorena Cuéllar Cisneros.
A nombre del Grupo Parlamentario del PT, la senadora por el estado de Tlaxcala dio a conocer al Pleno un proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal.
“Nuestra legislación define como delito de fraude al que engañando a uno o aprovechándose del error en que este se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Bajo esta definición son enumerados los tipos penales con el objetivo de señalar a las autoridades la descripción de las conductas que se encuadran a este delito”, argumentó.
Consideró que es necesario precisar la estructura penal de la conducta bajo la que se lleva cabo el fraude promovido por falsos gestores sociales, con el objeto de facilitar su aplicación estricta llenando el vacío jurídico que puede llegarse a interpretar con la Ley actual.
Esta propuesta, precisó, se origina a causa del alto número de denuncias que en los últimos años han venido reportando miles de personas a lo largo de nuestro país, al señalar a individuos que llegan ofreciendo beneficios a determinados programas o apoyos sociales a cambio de un pago o prebenda.
Refirió que de los antecedentes registrados, hay indagatorias como en el estado de Puebla, donde se defraudó a familias al amparo de programas de vivienda; o el caso del estado de Oaxaca, donde unas cinco mil personas fueron defraudadas entre los años 2014 y 2015 a través de los programas de la CONAVI, con cifras que fueron de los 25 a 85 millones de pesos.
Incluso en el estado Tlaxcala, cuando se operaba el programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre, llegaban supuestos gestores a los domicilios solicitando dinero a cambio de la agilización de este beneficio.
La propuesta fue turnada para estudio y dictaminación a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
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