Número-747
- Informa al Senado que solicitudes de información aumentaron 20 por ciento.
- Las próximas campañas implican un esfuerzo adicional en el tratamiento de los datos personales.
El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, reportó al Senado de la República que, de octubre de 2016 a septiembre de 2017, se registraron 244 mil solicitudes de información, lo que significa un aumento de 20 por ciento con respecto al periodo anterior.
Al presentar ante el Pleno el Informe de labores Octubre 2016–Septiembre 2017 del Instituto, también indicó que este organismo forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que “respetuosamente referimos la urgencia en la conclusión de los trabajos parlamentarios para los nombramientos pendientes”.
Destacó que se inicia una etapa de consolidación normativa y de solidez institucional, que no estará exenta de nuevos y arriesgados desafíos, pues este año será la primera contienda electoral Presidencial en la que los ciudadanos pueden preguntar a los partidos políticos y estos están obligados a responder.
Recordó que el INAI interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los artículos noveno y trigésimo primero de la Ley de Seguridad Interior para que este Poder establezca si la seguridad nacional y la seguridad interior son equiparables o no; “aguardamos respetuosamente la resolución del máximo tribunal”.
Expuso que en este periodo de labores, los temas de justicia, salud, educación y medio ambiente continúan a la cabeza como los más recurrentes, mientras que la SCJN, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el Instituto Mexicano del Seguro Social fueron los que más solicitudes recibieron.
Refirió que los medios de impugnación que recibió el INAI se incrementaron en 9.5 por ciento, lo que es reflejo de que el acceso a la información “va madurando”, pues “la sociedad expresa cada vez más la legítima convicción de recibir la información que solicita y no se conforma con negativas o respuestas incompletas y o deliberadamente restringidas”.
En cuanto a los sujetos obligados, dijo que éstos han mejorado la forma en la que responden las solicitudes de información. El índice de recurrencia, es decir, el porcentaje de recursos interpuestos al INAI con respecto al total de solicitudes ingresadas tuvo su cifra más baja desde 2003, señaló.
En materia de protección de datos personales, dijo que en el sector público se registraron más de 43 mil solicitudes de acceso y rectificación de información, es decir, el mayor en cuatro trimestres, lo que permitió identificar áreas de oportunidad para reducir el tiempo promedio de respuesta a 6.4 días y para rectificación de los mismos de 12.2 días.
Acuña Llamas informó que se resolvieron mil 124 impugnaciones para proteger datos personales, 5.7 por ciento más que el periodo anterior. Expresó que para acotar las malas prácticas de empresas, se instauraron 85 procedimientos de imposición de sanciones y se aplicaron multas que ascendieron a 81 millones 740 mil pesos.
Respecto a la Plataforma Nacional de Transparencia, resaltó que en tan solo dos años esta herramienta ha permitido la conexión de más de 8 mil sujetos obligados de todo el país de los tres órdenes de gobierno, así como de partidos políticos y sindicatos.
A través de ella, precisó, se han presentado 129 mil solicitudes de información durante 2016; en tanto, en 2017 se registraron 267 mil solicitudes, lo que representa un incremento de 106 por ciento con respecto al año anterior.
También se interpusieron 2 mil 900 recursos de revisión en 2016, mediante la Plataforma; mientras que en 2017 se incrementaron a más de 8 mil, lo que representa un incremento del 182 por ciento.
Señaló que en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) existen más de 320 millones de registros primarios y 635 millones de registros secundarios, lo cual da un total de 955 millones de registros de información a nivel nacional, aproximadamente 10 mil millones de datos.
Hizo énfasis en que a partir del primero de enero de este año la falta de cumplimiento de la Ley tiene efectos vinculantes, por lo que los organismos garantes deberán resolver las denuncias y realizar verificaciones para dictaminar si hay o no incumplimiento.
También dijo que la nueva Ley General de Archivos deberá asegurar la perdurabilidad de la información pública según su naturaleza y función.
Comentó que el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia asimilan lentamente el inmenso reto y “comprobamos cómo los sujetos obligados en general, instituciones públicas, dependencias públicas, partidos políticos y sindicatos, comienzan a responder mejor a sus deberes de transparencia”.
Por ello, es de celebrarse que el proceso diseñado en este Congreso, a través del cual la ciudadanía puede expresar su inconformidad con la manera en que una autoridad responde sus reclamos informativos, funcione de manera adecuada, puntualizó.
En las rondas de preguntas, el senador Jorge Aréchiga Ávila, del PVEM, destacó la importante labor que ha desarrollado el INAI y que para eso el Senado de la República se ha comprometido de manera sustancial con el cumplimiento de la Ley de Transparencia, y cuestionó a su titular cuál será la estrategia del Instituto para avanzar en la transparencia e implementación de la ley para los sujetos obligados.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, reconoció el informe presentado, en el cual se contemplan las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, porque es de suma importancia la obligación de poner a disposición de la población la información en esta materia, además de contribuir en la lucha contra la corrupción.
El senador Benjamín Robles Montoya, del PT, expuso que la confianza y la desconfianza son los polos en los que se debate la actividad pública y, en particular, los sujetos obligados para reestablecer el orden, apego a la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, y cuestionó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve en contra los recursos de inconstitucionalidad de la legislación de seguridad interior afectaría la confianza social, atentaría contra la autonomía del INAI y la protección de datos personales.
El senador Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, señaló que los órganos autónomos, como el INAI, tienen hoy mayor visibilidad en el quehacer nacional y desarrollan un papel importante en materia de democracia efectiva, además de credibilidad para erradicar la corrupción en el país; por eso es importante saber cuáles serían las cinco áreas en las que se puede mejorar y qué es impide el retraso en la implementación de la plataforma nacional de transparencia.
El senador Ricardo Urzua Rivera, del PRI, destacó que los próximos comicios federales representarán un reto de envergadura para la protección de los datos de los votantes y de los ciudadanos que trabajarán en la recepción de los votos y conteo de los mismos, para lo cual es necesario saber cuáles son los mecanismos de protección para los datos que se recibirán y, para eso, cuál es el avance en la implementación de la plataforma nacional de transparencia y acceso a la información.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, sin partido, expresó que técnicamente concluye la primera etapa del INAI como organismo público autónomo, donde el seguimiento de la transparencia y la rendición de cuentas han tomado relevancia, y por eso es importante ahora saber cuáles son los retos y expectativas del INAI en su segunda etapa de implementación de los mecanismos formales de transparencia y rendición de cuentas
En sus repuestas, el comisionado presidente reconoció que hubo “dinámicas difíciles” para el INAI, “situaciones de hasta incomprensión social y pública”, debido a algunos exhortos que fueron planteados por los integrantes del Consejo de Participación Política; no obstante, se atendieron y solventaron.
Hoy por hoy, agregó, tenemos el desafío de resolver, mediante el trabajo compartido, lo relacionado a la elaboración de los formatos para las declaraciones de patrimonio y de conflicto de interés.
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