Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-673

  • Soluciones o acciones en favor de los damnificados no han sido muy claras ni precisas.

El Gobierno de la Ciudad de México deberá, en un plazo de 15 días, dar a conocer los avances en la reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos de septiembre pasado, los créditos que se han otorgado a los damnificados, así como las causas que han impedido que un mayor número de damnificados cuenten con apoyo.

A propuesta de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, senadores y diputados que forman parte de la Comisión Permanente respaldaron la propuesta de la legisladora del PAN, pues ante la magnitud de los desastres naturales que han impactado al país, es necesario que estos recursos se ejerzan con transparencia y claridad.

En Tribuna, Gómez del Campo reconoció los avances y acciones para atender la emergencia, pero consideró que “las soluciones o acciones en favor de los damnificados no han sido muy claras ni precisas”.

Agregó que aún “existe la gran problemática de los multifamiliares de Tlalpan, donde los damnificados están en el limbo y con la zozobra del futuro, pues esperan contar con una vivienda digna, sin que ello implique que tengan que atarse a un crédito o que al menos este sea accesible con un esquema preferencial de acuerdo con sus posibilidades”.

En este sentido, la Comisión Permanente solicitó un reporte relativo al plan para atender a los damnificados del Multifamiliar Tlalpan, el proyecto de reconstrucción y sus licitaciones, así como para la pronta atención de las familias que pernoctan en casas provisionales de lámina y lonas.

En las consideraciones, los legisladores refirieron que el pasado 12 de enero, el gobierno de la Ciudad de México presentó el Programa de Reconstrucción para la Ciudad de México, que busca dar continuidad y orden a la atención de entre 100 mil y 110 mil capitalinos que resultaron afectados.

De ahí, la pertinencia de contar con información pormenorizada, pues la rendición de cuentas en la práctica se sostiene por la transparencia y la fiscalización, sostuvieron los legisladores.

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