Número-670
- Al rededor de 35 mil personas han sido desplazadas por motivos de violencia entre grupos armados.
En México el desplazamiento interno ha sido reconocido por el Estado, pero aún no se cuenta con un registro Nacional, a través del cual se pueda conocer el número de casos que existen, señaló la senadora Diva Gastélum Bajo.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI, expuso que alrededor de 35 mil personas han sido desplazadas por motivos de violencia entre grupos armados, de acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, 2016, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos informó que se registraron 29 episodios de migración forzada masiva en México, impactando en al menos 23 mil 169 personas, en entidades como Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. De estos desplazamientos, 20 fueron causados de manera directa por la violencia, apuntó.
A decir de la senadora Diva Gastélum, Sinaloa registró seis eventos de desplazamiento masivos en el trascurso del 2016, representando 18.2 por ciento, con una población afectada de cuatro mil 208 personas.
Al proponer, en el Pleno de la Comisión Permanente, reformar el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (Inegi), dijo que la propuesta busca que el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social genere indicadores para atender fenómenos y procesos sociales, los cuales no se limiten al Desplazamiento Interno Forzado.
Hizo hincapié en que la violencia e inseguridad no son las únicas causas del desplazamiento forzoso; pues también existen otros motivos, como los desastres naturales y los proyectos de desarrollo, los cuales han sido descritos en diversos informes internacionales y dentro de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas.
En la Ley General de Víctimas, recordó, se establecen medidas de protección y amparo por parte del Estado mexicano a las personas desplazadas, mientras que a nivel estatal, la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas, publicada en 2012, busca mantener la información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el Estado y la asistencia humanitaria prestan a la población desplazada, a fin de que se supere esta condición.
En el plano internacional, el Informe de Tendencias Globales sobre Desplazamiento Forzado (2016) del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, a finales de 2016, destacaba que había 65.6 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo a consecuencia de la persecución, conflictos, violencia o violaciones de derechos humanos; un aumento de 300 mil personas respecto del año anterior.
En contraste con los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen en su territorio, acotó.
Gastelum Bajo recalcó que no existe un marco legal de alcance global referente al tema; en 1988, la Asamblea General de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos pusieron a la mesa los principios rectores sobre Desplazamiento Interno Forzado, que no constituyen un convenio o tratado internacional, pero tienen gran respaldo de la comunidad internacional y son la base de muchas leyes nacionales sobre migración forzada, apuntó.
Refirió que en 2009, en Kampala Uganda se firmó la Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de las Personas Internamente Desplazadas en África, donde se reúnen los principales postulados del Pacto de la Región de los Grandes de 2006, así como los protocolos declaraciones, programas de acción y otros mecanismos regionales antes adoptados por la Unión Africana.
Para la senadora del PRI, al igual que lo establecen algunas leyes estatales mexicanas, de otros países e instrumentos jurídicos regionales, es fundamental crear de un registro de desplazados en México que permita hacer un diagnóstico sobre los alcances que tiene el Desplazamiento Interno Forzado en nuestro país y, con ello, seguir realizando acciones a favor de la población desplazada.
