Número-634
- Determina distintas autoridades y sus competencias en los procedimientos, y las garantías necesarias para un debido proceso legal.
El Senado aprobó delimitar las funciones investigadora, substanciadora y resolutoria de los procedimientos administrativos sancionadores en la estructura del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, en lo relativo a la regulación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
El dictamen con proyecto de decreto de las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, aprobado por el Pleno con 76 votos a favor y cero en contra, reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La finalidad es solidificar, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, dos vertientes jurisdiccionales: el establecimiento de distintas autoridades y sus competencias en los procedimientos de responsabilidades administrativas, y las garantías necesarias para un debido proceso legal, es decir, la audiencia y presunción de inocencia.
Establece un procedimiento jurisdiccional para la determinación de responsabilidades administrativas; éste debe observar los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, publicidad, verdad material y respeto a los derechos humanos.
Crea una Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, con independencia de la Contraloría y naturaleza de órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura.
La Unidad fungirá como autoridad investigadora y tendrá la carga de la prueba para demostrar la veracidad de actos u omisiones que resulten en faltas administrativas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se les imputen.
La Contraloría del Poder Judicial de la Federación fungirá como autoridad substanciadora en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los procedimientos instados en contra de los servidores públicos adscritos a los órganos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La reforma busca fortalecer al Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se consolide como una institución educativa con la denominación de Escuela Judicial Electoral.
Se reformaron los artículos 77, 86, 88, 98, 100, 102, 103, 104, 131, 133, 134, 135, 136, 186, 199, 209, 211 y 219; se agregó una Sección 4 Bis, los artículos 102 Bis y 102 Bis 1 y una fracción XIV al artículo 131; y se derogó el último párrafo del artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
También se modificó el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los artículos 131 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de incluir como faltas administrativas graves al hostigamiento y el acoso laboral y sexual en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La senadora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que se busca prevenir y, en su caso, impedir la impunidad del hostigamiento y el acoso laboral y sexual desde una perspectiva de género.
Detalló que se dota a la estructura del Poder Judicial de la Federación de mecanismos idóneos que reforzarán el respeto a la dignidad de la persona y prevendrán de mejor manera este tipo de delitos.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, secretario de la Comisión de Justicia, señaló que aún hay varios pendientes en el Sistema Nacional Anticorrupción; uno de ellos era delimitar la actuación de otros Poderes en el combate a la corrupción.
Refirió que la fortaleza de las instituciones radica en las competencias de sus servidores públicos y en el marco que tienen para realizarlas. “Sin duda, esta Ley ayudará a combatir a la corrupción, y será un avance para combatirla en el Poder Judicial”, comentó.
El senador Miguel Romo Medina, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, dijo que el dictamen se construyó sobre dos pilares fundamentales: el interés de generar un marco integral en el orden jurídico nacional que favorezca el respeto al debido proceso en los procedimientos administrativos sancionadores instaurados contra funcionarios de carrera judicial y de áreas administrativas en el Poder Judicial de la Federación.
Y, por la preocupación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal de velar por el desempeño de quienes integran la carrera judicial y quienes auxilian en la protección de la dignidad de las mujeres en el Poder Judicial de la Federación.
La minuta aprobada por el Pleno del Senado de la República fue remitida a la Cámara de Diputados.
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