Número-598
- La normatividad actual no cuenta con mecanismos efectivos para denunciar, castigar y reparar la discriminación directa en los centros de trabajo.
- Es necesario imponer sanciones ejemplares que empujen a los centros de trabajo a cambiar.
En el país existe un grave problema de discriminación en el empleo por cuestiones de género y orientación sexual, factores que utilizan los empleadores para condicionar el acceso a un empleo digno, por eso urge reformar las legislaciones laboral y de asistencia social para erradicar los problemas de inconstitucionalidad que tienen, afirmó Alberto Serdán, director de Apoyo a la Investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Durante el Seminario titulado “OIT/ONU: Avances y desafíos para la ratificación e implementación del Convenio 189 en América Latina”, realizado en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del edificio anexo de la Cámara Alta, en Donceles, colonia Centro, dijo que la normatividad actual, no cuenta con mecanismos efectivos para denunciar, castigar y reparar la discriminación directa en los centros de trabajo.
“Ya no se debe discriminar a las y los trabajadores del hogar, excluyéndolos del goce de distintos derechos laborales y de la seguridad social. La legislación tiene que cumplir con el mandato que impone el artículo 123 constitucional y con los múltiples tratados internacionales que México ya ha ratificado y por eso es necesario que el gobierno ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, agregó.
Afirmó que los costos de la discriminación en el empleo impactan las vidas de las personas, la productividad de las empresas y el desarrollo del país, porque se trata de una violación a los derechos de las personas, lo que implica una violación a la libertad profesional y al derecho a tener un trabajo decente, bien remunerado y libre de violencia.
La mayoría de las vías para denunciar la discriminación, agregó, contemplan castigos para personas individuales, más que para los centros de trabajo, especialmente en el caso de las instituciones públicas, que no pueden ser responsabilizadas. Estos mecanismos carecen de una visión institucional que permita el castigo ejemplar de empresas e instituciones públicas, que son quienes tienen el poder de efectuar cambios al interior de los centros de trabajo, acotó.
El investigador Alberto Serdán dijo que se debe mejorar el esquema de sanciones para los centros de trabajo, tanto para los privados como para los públicos, porque actualmente está diseñado para castigar a personas y de esa manera se individualiza lo que es un problema institucional. Por eso, apuntó, es necesario imponer sanciones ejemplares que empujen a los centros de trabajo a cambiar.
Participaron en el evento Gerardina González Marroquín, directora de la OIT para México y Cuba; Tatiana Bertolucci y Viviana Osorio, directora y coordinadora de la Coordinación Regional de Incidencia Política (CARE) para América Latina y El Caribe; Helmut Schwarzer, especialista de la OIT en Protección Social y Desarrollo Económica, entre otros especialistas.
