Número-552
- Instituciones deben pasar la prueba de las urnas del próximo año para generar confianza social.
- México no está preparado para generar una inestabilidad política que pueda tener un alto costo.
La Comisión de Justicia, que preside la senadora Pilar Ortega Martínez, inició la comparecencia de los aspirantes para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), cargo que desempeñarán hasta noviembre de 2018.
En su exposición, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños dijo que de cara a los comicios electorales del próximo año, el compromiso del nuevo titular de la Fiscalía debe ser aplicar la ley para fortalecer la confianza social y la legitimidad electoral, así como incentivar la participación social.
El reto inmediato es posicionarse como una institución estratégica de cercanía y efectividad social en materia de justicia penal, la FEPADE no debe desarrollarse bajo el principio de una sola persona, ésta debe generar alianzas con las instituciones relacionadas a la justicia y los temas electorales, señaló.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, preguntó respecto la forma en la que se generará confianza en las instituciones que no actúan de forma independiente a instituciones o partidos, como el caso Odebrecht.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PT, las senadoras Pilar Ortega Martínez, del PAN, e Ivonne Álvarez García, del PRI, lo cuestionaron sobre su independencia y autonomía en la toma de decisiones, en su interés por llegar la titularidad de la Fiscalía.
Al responder, el aspirante subrayó la importancia de que las instituciones del país pasen la prueba de las urnas, que actúen no solamente apegados a los cánones democráticos y al derecho, sino a la confianza social, que es la legitimidad.
“Mi contribución va a ser para tratar que la FEPADE rinda buenas cuentas y contribuya a este ambiente de gobernabilidad democrática”. México no está para poner en riesgo las instituciones, no está preparado para generar una inestabilidad política que pueda tener un alto costo, agregó.
A su vez, Tomás Cantú López manifestó que se requiere combatir el problema de la deshonestidad en los comicios electorales, ya que “hay sujetos que no respetan el procedimiento electoral y, por ello, se necesita combatir la delincuencia electoral”.
Argumentó que las elecciones no deben ganarse a través de medios relacionados que van en contra de lo que establece la ley, ésta debe aplicarse de forma efectiva para generar confianza social y legitimidad electoral.
Mario Enrique Velazco Torres de la Vega, se pronunció porque el Congreso eleve las penas en materia de delitos electorales o, bien, sean considerados graves, además de poner especial atención en las nuevas tecnologías. “De nada sirve el marco legal, si no tiene mayor severidad”.
Agregó que se requiere hacer más eficientes los mecanismos de inteligencia, ampliar y fortalecer el intercambio de información con otras áreas del gobierno federal para detectar la penetración de recursos ilegales en las campañas.
La senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez, preguntó sobre la forma en la que debe equilibrar el principio de transparencia, justicia y gobierno.
El senador José María Tapia Franco, del PRI, preguntó sobre los delitos electorales más recurrentes y los menos cometidos, de acuerdo a las últimas elecciones.
Al dar respuesta a los senadores, Mario Velazco se pronunció por incentivar la participación de la sociedad civil que incluye especialistas, consultores jurídicos, académicos, profesores y gente que tiene experiencia, además de profesionalizar los ministerios públicos para atender los delitos electorales y en temas de anticorrupción.
Detalló que los delitos electorales más comunes son: uso de programas sociales con fines electorales, solicitar la credencial de elector a las personas, falsificación de este documento, introducción de dinero a las campañas y en casos menos recurrentes impedir la instalación de urnas o rellenarlas con votos, así como falsificar las actas.
Raúl Arroyo González propuso que para devolver la confianza ciudadana en las instituciones electorales, es prioritario combatir la delincuencia electoral, además de establecer programas de prevención de delitos en la materia en coordinación con autoridades electorales de los estados; además de preparar a la FEPADE para el proceso electoral que ya está en curso.
Los senadores Luis Humberto Fernández Fuentes, del PT; Pilar Ortega, del PAN, y Jesús Casillas Romero, del PRI, le cuestionaron su perspectiva para perseguir los delitos electorales y cómo aplicaría el Sistema Penal Acusatorio para resolver los problemas electorales en la elección federal del 2018.
Arroyo González respondió, se tiene que poner en práctica la ley electoral vigente, porque la mayoría de los delitos electorales que se conocen son en detrimento del Padrón Electoral Federal, y en ese aspecto, la legislación electoral está blindada.
Omar Diego Terrón Barranco señaló que en el caso del nepotismo nadie ha querido tipificarlo en la ley respectiva como delito electoral; además de proponer que los aspirantes a cargos de elección popular sean sometidos a exámenes de control de confianza, porque en muchos casos han cometido diversos delitos, o bien, padecen problemas de alcoholismo.
Los senadores Luis Humberto Fernández Fuentes, del PT; Pilar Ortega, del PAN, y José María Tapia, del PRI, le cuestionaron qué se debe hacer para lograr eficiencia en el combate de los delitos electorales y cómo se debe actuar de oficio sobre el delito de presunción de inocencia.
Terrón Barranco indicó que los ministerios públicos de la FEPADE deben acudir o estar en el lugar de los hechos para poder aplicar la justicia con claridad, y que se debe exigir a los precandidatos a cargos de elección popular firmar cartas-compromiso en las que estén obligados a reconocer los resultados electorales, les favorezcan o no; y que hay un plazo de 48 horas para proceder contra una persona a través de una carpeta de investigación.
Ricardo Suro Gutiérrez propuso implementar el blindaje electoral a los programas sociales para evitar su mal uso o destino; también establecer el delito de peculado electoral; combatir la impunidad con investigaciones oportunas; evitar dinero del extranjero en campañas proselitistas; establecer la protección de candidatos que incluya la equidad de género para prevenir delitos contra mujeres aspirantes; además de unificar criterios entre fiscalías locales y la PGR para prevenir y castigar los delitos electorales.
Los senadores Luis Humberto Fernández Fuentes, del PT; Pilar Ortega, del PAN; y Jesús Casillas, del PRI, preguntaron que en su calidad de fiscal electoral de Jalisco, cómo garantizaría su autonomía e independencia de sus decisiones del Ejecutivo Federal, y cómo fortalecería los derechos humanos en la legislación electoral.
Suro Gutiérrez les aseguró que ha consignado investigaciones contra candidatos de todos los partidos políticos, porque actúa de acuerdo con las pruebas que tiene sobre un caso, sobre todo porque los delitos electorales se persiguen de oficio y éstos no se deben usar como herramienta de persecución política, y es ahí donde se debe ser imparcial en la aplicación de la justicia.
Karla Mendoza Morales comentó que en todo momento la sociedad exige elecciones transparentes y para eso establecería programas de prevención de delitos electorales, junto con el conocimiento adecuado de nuestros derechos, porque se tiene que analizar que quien comete un delito de ese tipo, la mayoría de veces lo hace con conocimiento de causa, como el caso de la compra de votos.
Los senadores Luis Humberto Fernández Fuentes, del PT; Pilar Ortega, del PAN, y Enrique Burgos, del PRI, le preguntaron si se puede realizar un acuerdo reparatorio como prevé el nuevo Sistema de Justicia Penal, y qué haría para evitar llegar al caso extremo de la nulidad de un proceso electoral, tal como se prevé en la Fracción VI del artículo 41 de nuestra Constitución Política.
Mendoza Morales afirmó que los acuerdos reparatorios no deben existir en el tema electoral y que hay que aplicar sanciones ejemplares a los infractores; que es básica la prevención de los delitos electorales para evitar la nulidad de elecciones, tal como lo practica actualmente la FEPADE.
Blanca Ivonne Olvera Lezama propuso que para la elección federal del 2018, el Congreso de la Unión incremente en 480 millones de pesos más el presupuesto de la FEPADE, para aumentar de 80 a 160 ministerios públicos, más peritos y policías judiciales federales, con el fin de resolver el enorme rezago existente en investigaciones por delitos electorales diversos, además de realizar programas constantes de capacitación de personal y actualizar el marco jurídico de la instancia electoral, porque es del 2002.
Los senadores Luis Humberto Fernández Fuentes, del PT; Pilar Ortega, del PAN; y Jesús Casillas, del PRI, preguntaron qué estrategia establecería para enfrentar la elección del año entrante con personal insuficiente y como abatiría la denominada “cifra negra” de delitos electorales no denunciados.
Olvera Lezama dijo que para eso se tiene que justificar la contratación de más personal para poder abatir el enorme rezago de averiguaciones existentes y de esa forma se les daría seguimiento rápido y se castigaría a los probables infractores electorales, pero que en la situación actual, trabajaría con los recursos y personal existentes y a partir de ahí se verían también debilidades de la Fiscalía.
Laura Angelina Borbolla Moreno dijo que de ser nombrada fiscal trabajaría bajo los ejes rectores para cumplir la ley, con los convenios suscritos con autoridades para que la Fiscalía cumpla con sus facultades y atribuciones, transparencia, rendición de cuentas, capacitación de personal y uso de la tecnología.
Destacó que para incentivar la participación social y al mismo tiempo generar confianza, se requiere utilizar la tecnología, dar a conocer la aplicación móvil para denunciar delitos electorales, así como difundir la página electrónica y la línea telefónica para incentivar la denuncia.
La senadora Pilar Ortega Martínez preguntó sobre las conductas que supondrán el gran reto en las elecciones del 2018 y que la acción de la FEPADE será esencial para combatir la impunidad.
El senador del PRI, Enrique Burgos García, preguntó sobre la forma en la que la Fiscalía ayudará a dar transparencia que exige el proceso electoral venidero, pues los comicios es la manera de como “oír lo que mandata el pueblo”.
En su respuesta, Angelina Borbolla, se pronunció por transparentar el uso de los recursos públicos, las medidas que se implementen y la prevención de los delitos, ya que la Fiscalía no sólo es una instancia que integra carpetas de investigación, si no que ésta debe enfocarse a la prevención.
Subrayó que el llamado “turismo electoral” es la conducta que se ha presentado de forma más recurrente en las últimas elecciones, así como un posible uso de recursos de procedencia ilícita en las próximas campañas.
Augusto José Insunza Padilla mencionó que el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la FEPADE tienen que funcionar de manera sincronizada, exacta y precisa para que la democracia funcione y pueda legitimarse ante los “ojos de la sociedad”.
La Fiscalía requiere cumplir con su objetivo de prevenir y perseguir delitos en materia electoral, dar continuidad a los mecanismos que se implementan e instrumentar algunos otros novedosos para salvaguardar la jornada electoral, agregó.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del PT, preguntó al ponente si el modelo que se implementa en el Estado de México es un ejemplo a seguir para combatir los delitos electorales.
La senadora Pilar Ortega Martínez, cuestionó a José Insunza respecto a su experiencia como fiscal electoral en el Estado de México y cómo atendió los casos de uso de recursos públicos o de programas sociales en campañas electorales.
El senador José María Tapia Franco, del PRI, lo cuestionó sobre si la Fiscalía cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales para enfrentar las elecciones del próximo año.
Al dar respuesta, el aspirante dijo que en su experiencia como Fiscal en el Estado de México actuó bajo los principios de la ley, sin que existiera trato preferencial de partidos o personas. “Tuve absoluta y total autonomía para investigar y, en su caso, consignar todas las averiguaciones; es un modelo que sí se puede seguir”.
Señaló que los recursos con los que actualmente cuenta la FEPADE son insuficientes, por lo que se pronunció a favor de ampliar la base de agentes del Ministerio Público de la Federación, policías ministeriales y peritos, no obstante se tiene que trabajar con lo que cuenta la Fiscalía.
En la ronda de cuestionamientos a los aspirantes a dirigir la FEPADE, participaron los integrantes del Comité de Acompañamiento Ciudadano.
