Número-441
- México ocupa el séptimo lugar en población penitenciaria a escala mundial.
El Estado mexicano debe proporcionar los medios necesarios para que las personas en prisión ejerzan sus derechos y logren la reinserción social mediante el trabajo; sin embargo, no existe regulación de esta actividad, lo que inhibe dicha meta, expusieron senadores y especialistas en la inauguración del conversatorio “El trabajo como base para la reinserción social: condiciones, prácticas y mecanismos de evaluación”.
Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política, refirió que el Estado mexicano no se ha centrado en la reinserción social mediante el trabajo, el deporte, la educación y la salud.
Abundó en que la política penitenciaria responde a una justicia retributiva, y se están dejando fuera los objetivos de prevención, rehabilitación y reinserción social. También señaló que la situación de las mujeres en la cárcel, es más compleja que la de los hombres.
La senadora Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales, subrayó que hay una predisposición y condiciones diferentes de valoración social que estigmatizan a las mujeres en prisión, lo que les impide la reinserción.
Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, dijo que espera que las políticas públicas que resulten de este debate con la sociedad civil, se traduzcan en favor de las mujeres reclusas y les dé la oportunidad de conseguir un trabajo digno.
Las cárceles mexicanas representan un problema significativo para el país, que ocupa el séptimo lugar en población penitenciaria a escala mundial. Nueve de cada diez considera que puede tener una reinserción familiar, pero sólo cuatro de cada diez piensa que puede lograrla hacia la sociedad, debido a la estigmatización, destacaron los especialistas.
En 2016, a escala nacional se tuvo una tasa de 173 presos por cada 100 mil habitantes, lo que implica que los centros penitenciarios municipales, estatales y federales tienen una población superior a 211 mil personas, 95 por ciento de hombres y 5 por ciento de mujeres.
Las conclusiones del conversatorio servirán para generar políticas públicas e iniciativas de ley para fortalecer el respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión, y con un enfoque de género, para evitar la revictimización, señalaron los senadores.
Manuel Othón Olivier, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, comentó que cuando se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal, en 2016, no había ninguna regulación para el trabajo en el interior de un centro de reinserción social.
En el conversatorio se realizó la mesa de debate “Condiciones, prácticas y regulación del trabajo en prisión”, con la participación de representantes del Centro Nacional de Derechos Humanos, del Programa del Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta y de la Dirección General Adjunta de Desarrollo Penitenciario de la Comisión Nacional de Seguridad.
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