Número-197
- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social estará obligada a implementar políticas laborales de igualdad y equidad en oportunidades de empleo.
En México la población de adultos mayores enfrenta la vejez con la desventaja de poseer los niveles más bajos de escolaridad y de capacitación, lo que determina su poca capacidad de acceder a una ocupación bien remunerada y digna, señaló el senador Raúl Morón Orozco.
Propuso una iniciativa para reformar la fracción V del artículo 5 y las fracciones III, IV y V del artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la que pretende fortalecer la protección de los derechos laborales de la población adulta mayor.
En la Ley se garantizará que los adultos mayores no sean discriminados en el ingreso, permanencia, promociones, capacitaciones, retiro y en todas las condiciones laborales.
Le corresponderá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la implementación de políticas laborales dirigidas a propiciar la igualdad y la equidad en oportunidades y trato en el empleo de los adultos mayores.
Así como prohibir cualquier distinción que no se base en requisitos de cualificaciones, competencias y experiencias laborales cuando la naturaleza del trabajo lo requiera; la implementación de políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios y la organización de las tareas sean adecuadas a sus necesidades.
Además, deberá brindar asesoría a las personas adultas mayores para que puedan tener acceso a fuentes de financiamiento, e impulsar el autoempleo.
El legislador sin Grupo Parlamentario señaló que la tasa de crecimiento de la población de más de 60 años, actualmente duplica la del total; brecha que se seguirá ampliando durante los próximos veinte años hasta que se establezca, para ese entonces será varias veces la tasa general de crecimiento poblacional.
Se proyecta que dentro del mismo grupo de adultos mayores, el subgrupo de edad que mayor crecimiento experimentará será aquel de mayores de 70 años, que pasará de representar el 43 por ciento del total de esta población en el año 2000, al 55.5 por ciento en el 2050.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera para su análisis.
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